Debe recordarse la advertencia de Yascha Mounk: “Un sistema que prescinde de los derechos individuales para elevar la voluntad popular a los altares puede terminar volviéndose contra el pueblo mismo”.
En Davos, el primer ministro de Canadá, Marc Carney, pronunció un discurso ampliamente celebrado por su claridad ética y su valentía geopolítica. Habló de la necesidad de “vivir en la verdad”, de rechazar los rituales del poder que perpetúan sistemas fallidos, y de construir una soberanía basada no en la subordinación, sino en la coherencia entre principios y acciones. Fue un llamado a la integridad democrática en tiempos de ruptura global. Paradójicamente, mientras el gobierno de México elogió este mensaje, su actuación va en la dirección opuesta.
Hoy, en México, la narrativa oficial pretende hacer creer que la concentración del poder electoral es un acto de modernización institucional. Pero al contrastar estas reformas con los principios que Carney defendió, emerge una verdad incómoda: el gobierno mexicano se ampara en el lenguaje de la democracia para justificar el debilitamiento de los pilares que la sostienen. Incluido el Estado de derecho.
Elogiar el discurso de Carney y usarlo como guardasol, mientras México se aísla del orden democrático internacional para consolidar un entramado institucional que favorece la hegemonía política del oficialismo, es un acto de simulación.
No se puede citar a Carney sobre el “realismo basado en valores” mientras se desmontan los mecanismos que garantizan elecciones equitativas, representación plural y rendición de cuentas.
Esta incongruencia revela un fenómeno típico de esta clase de regímenes: sistemas políticos que combinan mecanismos formales de democracia, como elecciones periódicas con prácticas autoritarias que inhiben la competencia, debilitan la rendición de cuentas y erosionan el Estado de derecho.
Adoptar retóricas democráticas —por el bien del pueblo— para encubrir prácticas autoritarias no es vivir en la verdad, sino desmontar una fachada y asumir que la democracia exige instituciones sólidas, no lealtades serviles ni reformas regresivas, como ha sido la que privó de un Poder Judicial independiente a los mexicanos.
La reforma electoral impulsada pretende reducir la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral y plantea la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, la centralización de los procesos electorales mediante la eliminación de los organismos públicos locales (OPLE) y cambios en la integración del Congreso que disminuirían la representación proporcional y la pluralidad política.
Todo esto se ha justificado bajo los argumentos de austeridad, simplificación y cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, la consecuencia real será el debilitamiento de la representación democrática, la concentración del poder político y la merma de los mecanismos que garantizan elecciones libres, equitativas y confiables.
Bajo la lógica de Carney —porque desde el poder se nos ha recomendado prestarle atención—, esto no es soberanía ni fortaleza democrática; es fingir que se democratiza mientras se fortalecen los mecanismos para mantenerse en el poder.
México no puede apropiarse del discurso canadiense mientras desmantela las condiciones mínimas de competencia electoral ni el régimen de libertades a través de la captura del Poder Judicial.
No se puede invocar el orden basado en normas mientras socavas las instituciones que garantizan los derechos políticos. No puede aplaudir la coherencia de otros y seguir actuando en contradicción flagrante.
Debe recordarse la advertencia de Yascha Mounk: “Un sistema que prescinde de los derechos individuales para elevar la voluntad popular a los altares puede terminar volviéndose contra el pueblo mismo”.
Podemos, entonces, decir que vamos hacia el desempoderamiento del pueblo por la apropiación indebida de poder por parte de las nuevas, y no tanto, élites políticas.