Validar la simulación o salvar la democracia, dilema ciudadano

La Presidenta de México reconoció recientemente que la reforma judicial que impulsa su gobierno tiene su origen en las resoluciones de la Suprema Corte que le bloquearon reformas del expresidente López Obrador. Esta admisión confirma lo que muchos han denunciado desde el inicio del proceso: se trata de una venganza política contra el Poder Judicial por ejercer su independencia constitucional.

Esta motivación quedó, además, al descubierto durante la audiencia ante la Comisión Interamericana, donde la propia representación del gobierno mexicano reconoció que la reforma no se basó en ningún diagnóstico técnico. Así, el Ejecutivo confirma por sus propias palabras que la iniciativa no busca fortalecer la justicia, sino castigar su autonomía.

Junio será la marca de la regresión democrática. La elección de jueces y magistrados, promovida por López Obrador y secundada por este gobierno, no tiene como objetivo acercar la justicia al pueblo, sino doblegar al Poder Judicial. Bajo el disfraz de una participación ciudadana, se esconde un intento de control político sobre los tribunales, destruyendo uno de los pilares fundamentales de la República: su independencia judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha calificado estas elecciones como una “simulación” y un “golpe de Estado técnico”, señalando que la reforma busca debilitar la independencia judicial y someter al Judicial a los intereses del Ejecutivo y Legislativo.

El reconocimiento de la JUFED como miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados, justo en este momento, refleja la preocupación internacional por la amenaza que enfrenta el sistema judicial mexicano. Las declaraciones de la FLAM evidencian el intento de sometimiento del último contrapeso real al poder presidencial.

Lo más alarmante es que esta reforma se originó como una reacción al papel que la Suprema Corte desempeñó al frenar leyes que violaban la Constitución y los derechos humanos. En otras palabras, los jueces constitucionales hicieron su trabajo: proteger el orden jurídico y los derechos fundamentales. El gobierno, lejos de fortalecer al Poder Judicial para que continúe cumpliendo esa función ha optado por debilitarlo, manipulando el discurso popular para justificar lo injustificable. ¿Puede llamarse democrática una elección en la que los votantes tendrán que elegir entre miles de nombres sin información suficiente y sin garantías reales de imparcialidad, pero además lo harían incluso por miembros del crimen organizado?

No se trata de mejorar la justicia, sino de castigar a quienes se atrevieron a ejercer su independencia. Y lo más paradójico es que ciudadanos coaccionados se convertirán en cómplices involuntarios de una disminución democrática que recuerda a las épocas más oscuras: elecciones sin opciones reales, sin transparencia y con resultados previamente orquestados desde el poder. La desinformación no exime de responsabilidad cuando lo que está en juego es el futuro de las libertades.

La sociedad mexicana enfrenta una disyuntiva histórica: legitimar un proceso viciado participando en él o alzar la voz con una abstención consciente que denuncie esta amenaza a la democracia. Esta elección no es un ejercicio de empoderamiento ciudadano, sino un intento de desmontar el único poder que ha resistido los abusos del Ejecutivo. El silencio hoy puede significar la rendición del Estado de derecho mañana. En nombre de la democracia, nos quieren arrebatar la justicia.

Yo no seré parte de este engaño. No votaré por la cooptación del Poder Judicial ni por su sometimiento a los intereses políticos y del crimen organizado. No reeditaré con mi participación los 71 años de simulación que mantuvo al PRI en el poder, ahora bajo el disfraz de una nueva mayoría que se apresta a perpetuarse por décadas. Morena no busca una justicia más cercana al pueblo, sino un control absoluto del Estado.