Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el gobierno de México condenó la incursión y urgió a Naciones Unidas a actuar con contundencia, incluso acusó su pasividad. En el papel, la apelación al multilateralismo luce impecable: Carta de la ONU, solución pacífica, desescalada. El problema es otro: el México gobernado por el lopezobradorismo no tiene autoridad moral para pedir que la ONU o la CIDH “pongan orden” fuera, mientras descalifica, regatea o desacata sus estándares dentro.
Durante años, la relación con el sistema interamericano se contaminó de animadversión. En mayo de 2023, López Obrador rechazó públicamente un llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para suspender el “Quién es quién en las mentiras” y se lanzó contra la OEA y la propia comisión. En febrero de 2024, tras exhibir el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, remató con una frase que retrata la lógica del régimen: “Por encima de la ley está mi autoridad moral”. Ésa es la brújula: soberanía como escudo, derechos humanos como estorbo.
Esa postura no quedó en retórica. México arrastra incumplimientos con sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana (CIDH). El caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009) sigue en etapa de supervisión: las víctimas y organizaciones han insistido en rezagos en investigación, garantías de no repetición y medidas estructurales contra la violencia feminicida. Y el caso Radilla Pacheco vs. México (2009), sobre desaparición forzada y control civil de la justicia militar, también continúa bajo vigilancia del tribunal regional con reparaciones aún discutidas en resoluciones de supervisión.
Más grave aún: cuando la CIDH dictó el caso García Rodríguez y otro vs. México (2023), que condenó el uso abusivo del arraigo y la prisión preventiva prolongada, y ordenó adecuaciones normativas, el gobierno y su partido respondió ampliando, el 31 de diciembre de 2024, el catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa.
Fue un desafío abierto a los estándares interamericanos y los derechos humanos de los mexicanos. La propia ONU, a través del Alto Comisionado, advirtió en noviembre de 2024 que la expansión de la prisión preventiva obligatoria, junto con la reforma judicial, podían minar seriamente la independencia judicial y el Estado de derecho, lo que hoy es un hecho con abusos, por ejemplo, contra la prensa y la libertad de expresión.
México pretende erigirse en defensor del derecho internacional en Caracas mientras erosiona los contrapesos en casa. La CIDH emitió en septiembre de 2024 el comunicado 213/24 alertando sobre impactos de la reforma judicial en independencia, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho. La Relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados expresó preocupaciones similares. A eso se sumaron advertencias de entes económicos.
La reacción oficial no fue corregir, sino cerrar filas. Cuando la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó su informe preliminar sobre la elección judicial de junio de 2025 —señalando baja participación, inequidades y prácticas como los acordeones, además de recomendar a otros países no replicar el modelo—, el gobierno mexicano descalificó el documento y alegó que la misión se excedía en sus atribuciones. Se atacó al mensajero.
Es un hecho. México carece de autoridad para invocar a la ONU o a la CIDH. No se trata de negar la gravedad del uso unilateral de la fuerza, sino de reconocer que la voz de un Estado pesa por su coherencia.
Si México quiere reclamar respeto a la Carta de la ONU, primero debe respetar la arquitectura que él mismo suscribió: cumplir sentencias, acatar llamados, aceptar escrutinio y reconstruir un Poder Judicial independiente, cancelando las elecciones judiciales de 2027. De lo contrario, la diplomacia es un alegato de ocasión: mucha soberanía hacia afuera, pocos derechos hacia adentro.