La reforma judicial, que partió al Poder Judicial federal por la mitad, ha dado muestras de sobra de que no sólo no generó una nueva forma de hacer justicia, sino que confirmó que la improvisación sobre la carrera judicial ha resultado más costosa para los ciudadanos y alejó las inversiones que mantienen en el suelo la economía.
El partido en el poder se ha dado cuenta de que expulsar al resto de los juzgadores en 2027, para lo cual había hecho concurrentes las elecciones judiciales con las de la Cámara de Diputados, de 17 gubernaturas, congresos locales y alcaldías, y además meter artificialmente la revocación de mandato para que la Presidenta logre atraer el voto para Morena, sería un desastre electoral dado el desaliento de los mexicanos a participar en una votación confusa.
Dentro del propio Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina y el Ejecutivo, existe el convencimiento de que las elecciones judiciales no deben coincidir y sí posponerse. Pero lo más relevante es que ya se reflexiona la posible sustitución de dichas elecciones judiciales por la creación de un mecanismo de evaluación estricto para esas personas juzgadoras de carrera y las que entraron por votación.
El primer paso ha sido dado. El mecanismo de evaluación se publicó recientemente, pero en una ponencia del Tribunal de Disciplina se estudia una propuesta sin duda muy interesante, que es la de crear un comité que sume a académicos de las principales escuelas de derecho y las dos barras nacionales de abogados, que elabore dichos exámenes y garantice transparencia y calidad probada de las personas juzgadoras.
Y es que en las reuniones sostenidas se ha tenido que reconocer con preocupación que la curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores será más larga de lo que se esperaba y que la alta capacitación que tienen las personas juzgadoras de carrera judicial que aún se mantienen en funciones generará un desequilibrio si se busca estandarizar el mecanismo de su evaluación de manera conjunta con los que provienen de partido.
Es decir, si se sube el nivel de exigencia de conocimientos, pierden los juzgadores de elección y, si se baja, pierde el país en confiabilidad.
Adicionalmente, se ha debido reconocer también que las personas juzgadoras que saldrían en 2027 son las que realmente están sosteniendo el funcionamiento del Poder Judicial federal.
Este camino que pareciera abrirse para no sustituir a los juzgadores de 2027, como explico arriba, bajaría la presión que existe por la revisión del T-MEC y daría un respiro a las inversiones extranjeras y nacionales.
Paradójicamente, en días pasados, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció la adjudicación de más de 23 millones de dólares en fondos para fortalecer la aplicación de la legislación laboral en México y garantizar que el comercio entre ambos países beneficie a los trabajadores y empresas estadunidenses, sin embargo, el propio mecanismo ha recibido quejas formales por incumplimiento de la parte mexicana por haber sometido a votación popular a los juzgadores federales laborales, lo que será debatido en la revisión del T-MEC.
No debe olvidarse que la figura de los juzgadores federales en materia laboral, en el marco de la gran reforma en esa materia que tuvo el propósito de terminar con la corrupción y dar certeza a las empresas de Estados Unidos y Canadá, así como a los sindicatos y trabajadores, fueron introducidos en el T-MEC, y que su elección “popular” ha sido cuestionada por la administración Trump.
* En otro orden, los atropellos cometidos contra el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, se suman a las acciones autoritarias que algunos gobernadores morenistas creen que son avaladas desde Palenque. ¿Hay fuerzas incontrolables en el morenismo que actúan ante signos de debilidad?