Morena: ¿ofreciendo candidaturas para juzgadores?

¿Cómo es eso de que legisladores de Morena y algunos integrantes del gobierno federal estarían ofreciendo a asociaciones de litigantes y empresarios de estados diversos que designen candidatos propios a juzgadores federales y que serán apoyados electoralmente, siempre y cuando no den ningún soporte público al Poder Judicial de la Federación?

Según dichas versiones, se ofrece que entre los candidatos vayan personas que representen sus intereses y que contarán con el apoyo del partido. El financiamiento de la campaña corre a cuenta de quien acepte. ¿Cómo, entonces, el voto popular es sólo un engaño del morenismo saliente y en realidad se trata de un franco acto de corrupción?

Si estas versiones se confirman, echan por tierra el discurso del Presidente saliente de que se trata de una reforma de mejoras demandada por el pueblo y, en realidad, es una cesión de privilegios a grupos que apoyen a Morena. La justificación del mandato popular que se arroga el Ejecutivo saliente no sería más que un engaño para desmantelar, partidizar y corromper el Poder Judicial de la Federación.

A lo anterior se suma una intensa campaña activada en las redes sociales del gobierno en contra de las y los juzgadores federales y de la propia Suprema Corte para justificar su desmantelamiento, lo que contradice el aparente mandato popular. Muy probablemente porque han salido a la luz otras encuestas que demuestran que los encuestados por Morena no conocían la reforma judicial y tampoco la diferencia entre policías, ministerios públicos y jueces federales y/o locales.

Esto es tan grave que no sólo implica una violación a la garantía de defensa que establece la Constitución mexicana, sino de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su esencia establece la necesidad de una judicatura independiente e imparcial para asegurar que se respeten los derechos humanos y las garantías judiciales. La independencia judicial es un componente esencial para garantizar que los jueces puedan tomar decisiones basadas en la ley y la justicia, sin influencia indebida de otros poderes del Estado o intereses externos.

Esta pretendida reforma está sembrada de mentiras. Lo más sencillo es descalificar al Poder Judicial. Se dice que de los fideicomisos que le buscan ser arrebatados ,y que se encuentran suspendidos por una resolución, se obtendría el dinero suficiente para pagar las cientos de elecciones y —miles de opciones de juzgadores a votar— que se tendrían en 2025.

El promotor de la reforma dice que estas elecciones tendrían un costo, de acuerdo con el INE, de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, el propio Instituto Nacional Electoral desmintió a Morena.

“El INE aclara que, hasta el momento, la autoridad electoral no ha realizado proyección alguna sobre el costo de implementar dicha reforma.

“El Instituto está al tanto de los trabajos que se llevan a cabo en el Poder Legislativo y, en su caso, estará atento para hacer frente a las implicaciones de una posible reforma”, dijo.

No creo que 35 millones de personas votaran porque la violencia del narcotráfico siga igual; las desapariciones de mujeres, hombres, niños y niñas se mantengan invariables, y que el número más alto de muertos por violencia en la historia de la República sea el apotegma del Presidente saliente.

Los mexicanos votaron por lo contrario. Pero eso no va a cambiar con someter a votación a los juzgadores. Habrá tal caos que, si usted esperaba su liberación, seguirá preso más años; si tenía un litigio civil, éste quedará en el rezago y, si espera recurrir al amparo para frenar un acto inconstitucional, mejor váyase a los tribunales extranjeros, porque los nuevos jueces no sabrán juzgar.

¿Sabe usted cuántos candidatos a jueces penales podrían ser asesinados por el crimen?