México, Estado de excepción difuso
Desde diversos sectores nacionales e incluso desde Estados Unidos, tan influyente como nunca en la política y seguridad internas, se sostiene que debe cancelarse el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027.
La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo —símbolo de una cadena productiva extorsionada hasta el tuétano—, no son “hechos aislados”, sino huellas visibles de algo más profundo: la retirada, por acción u omisión, del Estado de su deber primario de proteger la vida y la seguridad. Cuando la violencia letal contra autoridades y productores ocurre a la vista de todos, el monopolio de la acción legal de éste se privatiza de facto. Se pasa de la seguridad pública a la administración criminal del territorio, con peajes, permisos y castigos dictados por estructuras mafiosas. Así se ha degradado Michoacán desde Cárdenas Batel a la fecha.
El argentino Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” a los espacios donde la legalidad es intermitente y la ciudadanía es de baja intensidad. Michoacán ha sido laboratorio de esa degradación: la extorsión dejó de ser un tributo clandestino para convertirse en regla de mercado. La muerte del líder limonero que denunció ese régimen del miedo expresa la colonización de la economía por el crimen organizado y transnacional. No es sólo una estadística: es la erosión del horizonte de expectativas que sostiene la vida cotidiana y la inversión productiva.
La respuesta oficial ha sido ambivalente: condenas públicas, operativos reactivos y, al mismo tiempo, la negativa a reconocer responsabilidad por la protección fallida. El mensaje es devastador: la seguridad depende de la fortuna y no del derecho. En clave de filosofía del derecho, esto equivale a normalizar un “estado de excepción difuso” (como expusiera el filósofo Agamben), donde las garantías operan de forma selectiva y la línea entre autoridad y fuerza privada se vuelve borrosa.
A la par, las recientes reformas constitucionales y a la Ley de Amparo han reducido la capacidad ciudadana de interponer diques legales frente a abusos. Limitar la suspensión con efectos generales y coquetear con la retroactividad procesal precariza la tutela judicial efectiva. Si el amparo pierde dientes, el ciudadano queda inerme justo cuando más necesita tribunales fuertes e independientes.
En ese escenario irrumpe la reforma judicial que politiza la selección de juzgadores mediante elecciones populares, en contextos de captura criminal, y expone a jueces y magistrados a campañas de cooptación territorial, clientelas y financiamiento opaco. El primer ciclo de elecciones dejó señales preocupantes: candidaturas improvisadas, renuncias tempranas y cuestionamientos a perfiles sin la pericia mínima. El saldo es una percepción de fragilidad institucional que ahuyenta confianza y capital internacionales. Ninguna democracia prospera con tribunales percibidos como botín.
Por eso, desde diversos sectores nacionales e incluso desde Estados Unidos, tan influyente como nunca en la política y seguridad internas, se sostiene que debe cancelarse el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027 y abrir, en su lugar, una reforma correctiva: concursos de mérito verdaderamente públicos, servicio civil judicial, blindaje contra presiones políticas internas, externas y criminales, así como un amparo robusto que restituya la suspensión como herramienta eficaz ante normas lesivas. Sin garantías jurisdiccionales, la política de seguridad queda sin contrapesos y se convalida un orden de facto.
Un régimen democrático se mide por la vigencia real de derechos. Cuando asesinan alcaldes y empresarios, se desaparecen jóvenes y mujeres todos los días, se asesina también la promesa constitucional de igualdad ante la ley. Restituir el monopolio legítimo de la fuerza, revertir las regresiones del amparo y despolitizar la judicatura, suspendiendo su degradación absoluta con las elecciones de 2027, es un imperativo del cual depende la democracia mexicana.