Hay dos historias que, vistas por separado, podrían parecer distantes. Una ocurre en los pasillos del Poder Judicial; la otra comenzó hace un año en un restaurante de Mazatlán. Pero juntas retratan con crudeza la idea de justicia que Morena está construyendo para México: severa contra el juez que incomoda, que hace cumplir la Constitución y nuestros derechos, y desesperantemente ineficaz frente al ciudadano que desaparece y sus madres buscadoras.
Martha Magaña fue la primera jueza federal que, en agosto de 2024, concedió una suspensión contra el procedimiento legislativo de la reforma judicial de López Obrador. Su resolución podía ser combatida, revisada y revocada; para eso existen los tribunales de alzada. Dos años después, ya retirada, fue citada a comparecer ante el Tribunal de Disciplina Judicial por un procedimiento relacionado precisamente con aquella decisión.
Ésta fue la advertencia de JUFED y 32 Circuitos cuando resistieron en las calles. La independencia judicial significa que los jueces puedan resolver conforme a derecho sin temer represalias del poder. Los principios de Naciones Unidas y la jurisprudencia interamericana protegen esa independencia frente a presiones y mecanismos disciplinarios utilizados para controlar el criterio jurisdiccional.
Una sentencia se combate con recursos; utilizar el aparato disciplinario por el sentido de una resolución envía otro mensaje: cuidado con lo que resuelven. Hoy es Martha Magaña; mañana puede ser cualquier juez que tenga enfrente al gobierno o al crimen organizado.
Magaña fue intimidada: seguimientos y presencia de elementos de la Guardia Nacional cerca de su domicilio, que sólo Palacio Nacional pudo autorizar. Ahora la maquinaria institucional llega hasta una jueza retirada por una resolución que incomodó al poder.
Mientras se persigue a quien dictó una suspensión contra el desmantelamiento del Poder Judicial, existe otro México donde una madre lleva un año exigiendo la aparición de su hijo.
Carlos Emilio Galván Valenzuela tenía 21 años cuando desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. Estaba con familiares en Terraza Valentino. Su madre, Brenda Valenzuela, ha buscado, protestado y exigido investigaciones. La FGR llamó a declarar a Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, vinculado al establecimiento donde Carlos fue visto por última vez. Un año después la ausencia persiste.
Brenda, como miles de mujeres mexicanas, tuvo que convertirse en buscadora. En septiembre logró acercarse a Claudia Sheinbaum durante una gira por Durango y entregarle personalmente una petición para que revisara el caso. Después seguía preguntando públicamente qué había sucedido con aquel documento y qué más debía hacer para ser escuchada.
La imagen debería perseguir a cualquier gobierno: una madre intentando alcanzar a la Presidenta para pedirle que el Estado encuentre a su hijo.
México vive una crisis humanitaria de desapariciones. Las madres buscadoras no necesitan discursos, sino ser escuchadas y encontrar a sus hijos. Darles la cara es obligación moral del Estado. Pero ahí no hay valentía.
El paralelismo es brutal: para Martha Magaña funciona la maquinaria del Estado —expediente, citatorio y amenaza de sanción—; para Carlos Emilio y su madre, después de un año, no hay verdad, responsables ni, sobre todo, Carlos.
Ésa es la justicia que Morena quiere normalizar: fuerte para perseguir al juez independiente y débil frente a la impunidad; rápida para disciplinar al que contradice al poder y desesperantemente lenta para encontrar a los desaparecidos.
Si hay un país sin jueces independientes y prima la incapacidad o connivencia para encontrar a los desaparecidos, el problema es el Estado y Morena.
Eso lo permiten los ciudadanos: eligen gobiernos que, en lugar de utilizar el poder para garantizar derechos, lo utilizan para controlar a quienes deben defenderlos. Así se engendran las dictaduras.