La reforma del pueblo que acabará con todo

La reforma que desmantela al Poder Judicial mexicano para someterlo al Ejecutivo no sólo fue exhibida por inconstitucional e inconvencional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que el gobierno actual resultó cuestionado por la relatoría del organismo de la OEA por su regresividad y por no modificar el sistema de fiscalías y policías locales y federal, tal como el gobierno de Estados Unidos lo advirtiera.

Además, en una audiencia posterior para organismos de juzgadores y grupos de la sociedad civil de América Latina, los dos gobiernos de Morena fueron señalados de perseguir a los jueces por motivaciones políticas y se alertó que la reforma mexicana aún impugnada —e impugnable— tiene un impacto negativo directo en las democracias de la región.

Para el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, la reforma es un ejemplo de manual del abuso del “constitucionalismo” del gobierno para desmantelar el contrapeso que representa el Poder Judicial.

Ante los cuestionamientos de las asociaciones de juzgadores y de la relatoría de la Comisión para la reforma, el enviado del gobierno de Claudia Sheinbaum, José Antonio Montero, debió admitir que ésta no se procesó con base en un diagnóstico, sino por medio de encuestas.

De acuerdo con un seguimiento de las comparecencias de las representaciones del Estado mexicano —diversos gobiernos—, es la primera vez que se admite ante la OEA que una reforma o acción del mismo se realiza sin un diagnóstico.

Debe recordarse que el Estado ha sido condenado por la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por lo que deberá modificar la Constitución.

Es decir, el gobierno mexicano mintió explícitamente en uno de los foros más importantes para la protección de derechos humanos. Se justificó en su votación electoral y en acusaciones, sin pruebas, de liberación de narcotraficantes.

En sólo dos días, el gobierno mexicano ha enfrentado cuestionamientos por su filo autoritario, antidemocrático y por rechazar la colaboración para combatir a los cárteles de la droga, dejando sospechas. Y ahora Moody’s le tira la calificación. El suicidio del festejo en las plazas.

No lo digo yo. Lo reveló —y lo advirtió en contra de la reforma— el embajador de Estados Unidos al hacer públicas resistencias explícitas, hasta ahora no conocidas, del expresidente López Obrador para enfrentar el crimen organizado, que causó el más alto número de homicidios en la historia.

Contrario a las inferencias oficiales, en la CIDH se realizaron dos audiencias distintas, pero vinculadas sólo por el hecho de que fueron solicitadas con casi un año de anticipación.

La primera propiciada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF y la segunda, como ya se mencionó, por juzgadores y ciudadanos de América Latina.

Ese martes pasará a la historia por haber sido el día en el que fueron sólo juzgadoras las que sostuvieron la defensa de la democracia mexicana, ante el intento de socavar la independencia judicial.

Con estas juezas sí llegaron todas las mexicanas, como dieron testimonio organizaciones de madres buscadoras y padres cuyos hijos fueron vacunados y obtuvieron medicamentos por la vía de amparos.

Andrea Pochak, relatora de la CIDH, expresó que la Comisión está seriamente preocupada por la reforma y su falta de sustento y posible violación de derechos humanos, por lo que habrá monitoreo de las autoridades.

En la segunda sesión, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, dijo que la reforma mexicana viola convenciones para destituir masivamente a juzgadores por ser incómodos.

Carolina Villadiego —Comisión Internacional de Juristas—, en la audiencia sobre Independencia Judicial en América, denunció la persecución de López Obrador contra los juzgadores y la ministra Norma Piña.