Jueces sin rostro, la más absurda engañifa

Cada vez que la violencia sube, aparece la misma tentación. Crear “atajos” penales. Ahora se vende la idea de los jueces sin rostro como si fuera un chaleco antibalas institucional. Pero, en los países donde se intentó, el resultado fue otro: menos garantías, menos confianza y un sistema más fácil de capturar.

El concepto suena simple: ocultar la identidad del juez para que el crimen organizado no lo amenace. El problema es que el anonimato rara vez es real. Puede serlo para el acusado —que no sabe quién lo juzga y, por tanto, no puede cuestionar imparcialidad o conflicto de interés—, pero no para el aparato estatal que mueve el caso: personal de juzgado, policías, ministerios públicos, custodios, administración, informática.

En una estructura donde la corrupción existe, esa lista de “los que sí saben” es exactamente el tipo de información que se compra y se filtra. El secreto no elimina el riesgo: lo monetiza.

Perú lo vivió en los noventa. Los tribunales sin rostro, en materia de terrorismo, se convirtieron en máquinas de condenar con reglas excepcionales. La ONU y el sistema interamericano señalaron que negar al procesado conocer a su juzgador, restringir la publicidad del juicio y dificultar la defensa vulnera el derecho al debido proceso. La Corte Interamericana cuestionó esos esquemas en casos emblemáticos y dejó claro que la seguridad del Estado no justifica vaciar el juicio justo.

Colombia también ensayó fórmulas de justicia regional con reserva de identidad y procedimientos opacos. La Comisión Interamericana advirtió sobre jueces “sin rostro” y prácticas secretas en testigos y pruebas. En contextos de guerra y narcotráfico, el secreto prometía protección; en la práctica, elevó el costo democrático: menos transparencia y más espacio para arbitrariedad.

Italia, en cambio, es un contraste útil: enfrentó a la mafia con magistrados plenamente identificables y medidas de seguridad reales —sedes fortificadas, escoltas, inteligencia—. Eso no eliminó los riesgos, pero deja una lección: la protección se construye con instituciones y controles, no con anonimato que suele ser secreto sólo para el ciudadano y mercancía para quien pueda filtrarlo.

Por eso la pregunta relevante no es si “se ve” o no la cara del juez, sino quién controla el poder punitivo. Cuando el remedio es ocultar, el efecto suele ser esconder: esconder errores, presiones, favoritismos, venganzas políticas. Y esconder también la captura: si el crimen organizado logra saber —por filtración— quién decide, el acusado no; el equilibrio se rompe por completo.

México no va a resolver su crisis de violencia con un cambio cosmético que debilita garantías. La violencia se reduce con investigaciones profesionales, inteligencia financiera, policías capaces, ministerios públicos que integren casos sólidos, protección real a operadores de justicia y sistemas anticorrupción que funcionen. Un “juez anónimo” no sustituye nada de eso.

Más aún: en medio de reformas que han debilitado la independencia judicial y han polarizado al país, la narrativa de los “sin rostro” opera como distractor. Se ofrece un símbolo —mano dura, justicia rápida— mientras el problema de fondo es quién manda sobre la justicia. Y si el sistema queda alineado a intereses partidistas o capturado por redes criminales, el anonimato no es escudo: es máscara.

López Obrador entregó el Poder Judicial al crimen organizado. A las empresas canadienses y estadunidenses las llevarán a juicios con juzgadores que responden a Morena. Y ahora le vienen a usted con jueces sin rostro, pero nombrados por cuotas del gobierno.  

La justicia necesita protección, sí. Pero también necesita nombre, rostro y rendición de cuentas. Y lo que hizo este gobierno fue acabar con un Poder Judicial autónomo. Van por la otra mitad en una elección: Carney y Trump deberían pensársela dos veces.