El país se introduce de nuevo en una conversación para atraer inversión —frenada por la reforma judicial—, aprovechar el nearshoring, fortalecer cadenas productivas y detonar regiones. Esto se resume en el Plan México: más industria, más empleo, más “Hecho en México”. La pregunta es si existe suelo firme para que ello se traduzca en bienestar cotidiano, porque la informalidad y la precariedad laboral dan otro diagnóstico.
En este esfuerzo falta el elemento clave de una reforma fiscal para que la carga se comparta, pero no hay señales de que esta acción se quiera llevar a cabo por la pérdida de votos que generaría al partido oficial y a quien gobierna el país.
La informalidad no es sólo no pagar impuestos. Es, sobre todo, la forma en la que millones de familias resuelven su subsistencia cuando la economía formal no alcanza o cuando el costo de estar “dentro” resulta prohibitivo para negocios pequeños y trabajadores de baja productividad.
En barrios, tianguis, talleres y servicios, la informalidad es un mecanismo de supervivencia. Y la precariedad —empleos mal pagados, inestables, sin capacitación, con alta rotación— funciona como gasolina: cuando el trabajo formal no ofrece estabilidad ni futuro, la gente se mueve entre “chambas”, combina ingresos y acepta arreglos por fuera. Informalidad y precariedad se alimentan mutuamente, afectando cualquier estrategia industrial.
El corazón de un proyecto de desarrollo es la productividad. Y la productividad no sube por decreto: requiere capacitación, aprendizaje en el puesto, estabilidad, inversión en procesos y tecnología. Cuando una empresa contrata con rotación constante o cuando el trabajador no puede planear más allá de la quincena, la inversión en habilidades se vuelve lujo. El resultado es un país que produce menos de lo que podría y, por eso, paga menos de lo que quisiera.
Dicho de forma simple: si el empleo es frágil, también lo es el crecimiento. No es sólo un problema social; es un problema económico.
Las cadenas de valor modernas piden calidad consistente, trazabilidad, facturación, cumplimiento de contratos, estándares. Muchas micro y pequeñas unidades económicas podrían convertirse en proveedoras, pero si operan en informalidad o con capacidades administrativas mínimas, quedan fuera del juego.
El costo es doble: la derrama se concentra y el contenido nacional avanza más lento. No por falta de talento, sino por falta de puentes. En el fondo, lo que hoy llamamos informalidad también es un déficit de integración productiva.
La informalidad adelgaza la base fiscal y, con ello, la capacidad del Estado para hacer lo que todos pedimos: infraestructura, seguridad, agua, energía confiable, formación técnica, salud de calidad. En otras palabras: sin recursos y sin instituciones, el desarrollo se vuelve una promesa frágil.
Una reforma fiscal es necesaria, pero Morena le teme a perder las elecciones por su impopularidad, pero entonces nunca creceremos ni seremos un país grande. Una reforma fiscal bien diseñada no busca cobrar por cobrar, busca facilitar la formalización y hacerla menos costosa, permitir una transición gradual para micro y pequeños negocios, ofrecer beneficios tangibles (seguridad social, crédito, protección ante shocks) y emparejar el piso con menos privilegios y mejor capacidad de hacer cumplir reglas.
Una reforma fiscal inteligente no sólo recauda: también ordena, reduce la competencia desleal y premia a quien cumple. Y, sobre todo, hace viable financiar los bienes públicos que elevan productividad y reducen costos para todos.
Si el Plan México quiere ser más que un portafolio de anuncios, necesita quitar el ancla invisible. Y eso exige mirar de frente lo que ocurre en la calle: donde el trabajo es abundante, sí, pero demasiadas veces es precario o informal. Ahí se juega, de verdad, el futuro del país.
* Pocas veces se ve que quienes desarrollan una actividad productiva le pidan a la autoridad que los regule, interesante el llamado de choferes de motocicletas por aplicación a la jefa del gobierno capitalino.