Debilitar el Estado en tiempos de violencia, un suicidio

El infortunado asesinato de dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México ha permitido fortalecer el discurso estadunidense que promueve la presión directa sobre el gobierno de Morena ante la incapacidad, por omisión o complicidad, de retomar el control territorial y pacificar el país. No por nada, el secretario de Estado, Marco Rubio, al referirse a este crimen, afirmó ante el Congreso de su país: “La violencia política allí es real (...) queremos ayudarlos a equiparlos y brindarles información”.

En este contexto, se antoja por lo menos suicida para la seguridad nacional y regional el desmantelamiento del Poder Judicial para entregarlo al control político y del crimen mediante elecciones judiciales viciadas en su planeación.

No debe perderse de vista que este pronunciamiento internacional subraya la gravedad de la situación en México, donde el crimen organizado no sólo ha infiltrado las estructuras gubernamentales, sino que también ha comenzado a dictar las reglas del juego político, de acuerdo con el diagnóstico entregado la semana pasada a una comisión del Congreso, por supuesto, de esa nación.

La violencia no se limita a los actores políticos; también se ha extendido a la prensa. El periodista Héctor de Mauleón denunció un intento de censura por parte del Tribunal Electoral de Tamaulipas, luego de publicar investigaciones sobre una presunta red de corrupción en las aduanas mexicanas, encabezada por funcionarios ligados a Horacio Duarte.

Este intento de silenciar a la prensa crítica refleja una preocupante tendencia autoritaria en el país, venga de donde venga. La libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier democracia, está siendo socavada por aquellos que deberían protegerla. La censura y la intimidación a periodistas no sólo atentan contra los derechos individuales, sino que también debilitan la capacidad de la sociedad para informarse y tomar decisiones conscientes.

En este contexto, la controvertida elección judicial programada para el 1 de junio de 2025 añade una capa más de incertidumbre. Este proceso ha sido criticado por su opacidad y por la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables, incluyendo abogados de narcotraficantes y personas acusadas de abuso sexual.

La elección judicial, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, podría convertirse en una herramienta para consolidar el control del oficialismo sobre las instituciones encargadas de impartir justicia, pero aún más, en el control total de los procesos de justicia en aquellas entidades que Estados Unidos ha calificado como operadas por el crimen.

La combinación de violencia política, censura y ataques mortales a la prensa y una elección judicial cuestionable plantea una pregunta inquietante: ¿están siendo los ciudadanos mexicanos conducidos, bajo la apariencia de un proceso democrático, hacia un régimen autoritario y debilitando el Estado para enfrentar la violencia? La erosión de las instituciones democráticas y la concentración del poder son señales alarmantes de un posible retroceso en los avances democráticos del país.

Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional permanezcan vigilantes y exijan transparencia, rendición de cuentas y respeto a los principios democráticos. La democracia en México está en una encrucijada y las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán el rumbo del país en los años venideros.

Un ejemplo de la desinformación que se ofrece a los votantes: “Tendremos reuniones constantes con ustedes”. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: que “el juez o tribunal deberá abstenerse de comunicarse con alguna de las partes fuera del juicio sobre el objeto del mismo”.

Abundaremos en otra entrega. Pero, de entrada, esto no será una realidad para usted. No puede haber asambleas populares con personas juzgadoras porque estarían beneficiando a una de las partes y perjudicando a otra.