De minas explosivas a la rifa judicial

En su intención de presionar a México con aranceles, Donald Trump ha pedido a su equipo incluir la advertencia de que “por ningún motivo” se permitirá que los intereses empresariales sean amenazados por lo que ya es un enredo de ilegalidades y que se trata de la reforma judicial o la rifa de jueces y magistrados. Este mecanismo dejará en la incertidumbre jurídica los capitales globales, generando inestabilidad en la inversión extranjera.

El tema ha sido colocado en la agenda del nuevo embajador Ronald Johnson, quien actualmente revisa un informe detallado sobre las implicaciones de la reforma en el ámbito laboral. En particular, preocupa que la elección popular de jueces laborales pueda violar el T-MEC, pues pone en riesgo los mecanismos de protección de inversiones y derechos laborales establecidos en el tratado.

Pero se suma otra preocupación, la proliferación de minas antipersonal “artesanales” encontradas en Tamaulipas y Michoacán. Son ya una estrategia de los grupos criminales, con lo que México viola la Convención de Ottawa sobre la prohibición de tales armas.

Adoptada en 1997 y en vigor desde 1999, esta convención prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, con el objetivo de eliminar el sufrimiento y las muertes causadas por estas armas, que afectan principalmente a civiles. Aunque diseñadas para conflictos armados tradicionales, sus disposiciones pueden aplicarse a cualquier actor que las utilice, incluyendo grupos criminales, como los cárteles de la droga.

México ratificó la Convención el 9 de junio de 1998, lo que abre la posibilidad de que aquellas personas que han sido víctimas puedan denunciar al Estado mexicano por su incumplimiento.

La proliferación de estos ataques directos a la población civil y las vastas regiones del país en control del crimen, como Sinaloa, son el motivo de la intervención de Donald Trump.

Regresando a la reforma judicial, uno de los puntos más controvertidos es la exclusión de la Suprema Corte del proceso de selección de candidatos a jueces. Morena habría logrado que el Tribunal Electoral del PJF facultara al Senado para seleccionar a los aspirantes mediante sorteo, omitiendo la revisión de idoneidad.

El propio presidente del Senado anunció, tres días antes de la resolución, que ello ocurriría.

Dicho tribunal ha emitido resoluciones, consideradas por expertos, como una invasión de competencias de la Corte. Por ejemplo, ordenó al Senado reactivar el proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros para la elección judicial, a pesar de que dicho proceso había sido suspendido por órdenes judiciales previas.

La American Bar Association advirtió ayer sobre la gravedad de la reforma. Y son los abogados, nada más y nada menos, que de las empresas globales de Estados Unidos.

Otro desarreglo es la modificación de la geografía electoral realizada por el INE, que favorece la elección de jueces en zonas controladas por Morena.

Diversos jueces han impugnado esta distribución, argumentando que el Consejo General excedió sus atribuciones al subdividir los 32 circuitos judiciales en 60. Esta subdivisión podría limitar el derecho de los ciudadanos a votar por todos los jueces y magistrados que podrían resolver sus asuntos, restringiendo su participación a una selección más reducida.

La manipulación del mapa electoral judicial podría ser una estrategia deliberada para consolidar el control político sobre el Poder Judicial, afectando la confianza en la administración de justicia y debilitando aún más la división de poderes. Dada la gravedad de estas denuncias, es imprescindible una investigación a fondo para garantizar la integridad del proceso de elección de jueces y evitar que la justicia se convierta en un instrumento al servicio de intereses políticos específicos.