La mayor crisis institucional de México no consiste en que existan acusaciones de un giro autoritario por parte de la oposición, sino de Washington mismo. Lo verdaderamente preocupante ocurre cuando una parte creciente de la comunidad internacional comienza a preguntarse si México conserva instituciones suficientemente independientes para investigar, con credibilidad y sin interferencias políticas, las acusaciones más delicadas que afectan al poder público.
Las declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, reflejan un problema de mayor profundidad: la confianza internacional en las instituciones mexicanas, que derrumbó el desmantelamiento de la independencia del Poder Judicial, a cuya mitad de juzgadores sometió a elecciones y por lo cual la OEA lanzó, incluso, una alerta.
El oficialismo sostiene que la prensa crítica está aliada con la derecha para dañar al pueblo —o lo que eso signifique— y, desde 2018, desde la tribuna del Ejecutivo se denosta a periodistas, los cuales son asesinados a niveles mundiales nunca vistos y cuyos ejecutores gozan de impunidad.
Esta es la razón que guía la legalización de la censura —cambiando al pueblo por las audiencias— y se hace cuando el oficialismo está por enfrentar a la justicia de Estados Unidos por alentar el narcoterrorismo, así llamado por esa nación.
Las imputaciones formuladas por una autoridad extranjera ponen a prueba la parcialidad de los órganos de procuración y administración de justicia.
Existe un complaciente trato para los funcionarios acusados de conspiración por la administración Trump por nexos con el crimen, y hacia una gobernadora que negocia con las agencias de ese país un acuerdo para cuando termine su mandato, pero, adicionalmente, para que familiares no pierdan la nacionalidad estadunidense, como ha dado a conocer la prensa de ese país.
Así, de la gracia se pasa a la ley a secas en el caso de la gobernadora de Chihuahua, a quien se le quiso imputar delitos por perseguir a grupos criminales con los cuales, a decir del Departamento de Justicia de Estados Unidos, altos funcionarios de Morena están vinculados.
El oficialismo no ha logrado convencer a la opinión pública y ya sentenció desde la tribuna al opositor encarcelado, Ernesto Ruffo.
Se dice en un comunicado que el viejo Poder Judicial beneficiaba a delincuentes, en una redacción que no mueve ni comas para diferenciarse de la obsesión de López Obrador. Pero los juzgadores por votación tiran ladrillo por ladrillo la endeble reputación del gobierno que se reclama el más democrático del mundo.
Esto no hace más que demostrarles a los mexicanos y al mundo que México desmanteló a la mitad del Poder Judicial federal para perseguir e inventar delitos, lo que se agrava aún más con los señalamientos de Miller y con la amenaza de someter a votación en 2028 al resto de las personas juzgadoras que aún permanecen dando la batalla por la independencia judicial.
Las declaraciones del congresista Ricardo Monreal en el sentido de que “la narrativa de narcogobierno y narcopartido es injusta”, pero que sí ha afectado a su partido, refuerzan el argumento de que se construye una Ley Censura.
López Obrador, en su campaña contra el Poder Judicial, decía que había que depurarlo porque todos los juzgadores eran corruptos, pero la realidad que describe Estados Unidos implica que la verdadera vinculación con el crimen está justo del lado de quienes impulsaron las elecciones.
La democracia comienza a perder su principal garantía: que todos, gobernantes y gobernados, estarán sometidos a la misma ley, y que las libertades, como la de expresión, serán garantizadas por la Constitución.
Por eso, la afirmación de que la norma puede dejar de cumplirse cuando afecte a personas resulta profundamente premonitoria. La ley no será general ni obligatoria; así lo dijo quien protestó cumplirla.
Es bueno que el sector empresarial internacional y la Unión Europea comiencen a tomar nota.