Consejo de Derechos Humanos de la ONU vs. México

Justo cuando se tramita la reforma de López Obrador para disolver al Poder Judicial de la Federación, la ONU advierte de una corriente de actores políticos que buscan controlar las judicaturas y las cortes supremas, lo que generaría violaciones sistemáticas de derechos humanos y que hace al Estado mexicano sancionable desde ya.

Revisemos si existe este supuesto. Expertos de la ONU han documentado que, previo a estrategias legislativas —no por golpe de Estado formal—, se experimenta una campaña de acusaciones de corrupción para deslegitimar a las personas juzgadoras y minar cualquier soporte social (caso Bolivia), lo que resulta de alguna manera fácil cuando la estructura jurídica impide a los juzgadores defenderse públicamente.

Me explico: los jueces federales mexicanos no tienen en su formación la experiencia para subirse a la arena política a defenderse de los políticos profesionales.

Los juzgadores asumen con convicción el cuidar su pulcritud pública y preservarse de disputas políticas. ¿Es esa su desventaja? Cierto que no. Pero los ciudadanos son muy fáciles de conducir hacia la percepción de que su silencio es aceptación de lo que se les acusa (caso Trump-Clinton).

Pues bien, entonces tenemos a esos juzgadores ajenos a controversias frente a políticos que usan todos los medios y recursos del Estado para construir una narrativa que les va minando su credibilidad.

¿Pero por qué se convierten en enemigos del sistema o del progreso? En realidad, así se ha contado la historia, porque los juzgadores sólo han corregido las acciones de un gobierno que decidió gobernar violando la Constitución. ¿Eso los hace enemigos de un gobierno o defensores de la Constitución?

Los gobernados ordenan en la Constitución que haya jueces independientes y luego votan para que ya no lo sean con base en esa narrativa. Así la paradoja.

¿Pudo el Ejecutivo saliente construir su programa dialogando, conciliando y siguiendo el curso de la Constitución? Entonces, ¿qué papel deberían asumir los juzgadores si están obligados a defender la constitucionalidad?

Obama gobernó con órdenes ejecutivas porque los conservadores, mayoritarios, no le aprobaron ciertas propuestas. Pero siempre intentó dialogar con ellos.

Conclusión: el supuesto planteado arriba se configura. En consecuencia, pasemos al reporte de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, dado a conocer el pasado martes en Ginebra.

Advirtió que el papel de los sistemas de justicia independientes en la protección de la gobernanza participativa ha sido atacado por actores políticos que buscan limitar o controlar los sistemas judiciales, incluso mediante ataques ad hominem por parte de líderes políticos y la criminalización de jueces y abogados.

En su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos describió los esfuerzos gubernamentales para controlar los sistemas judiciales, desde frenar los colegios de abogados y manipular las funciones administrativas hasta capturar los tribunales.

El informe también explora el papel vital que desempeñan los profesionales del derecho que componen el sistema de justicia (jueces, fiscales y abogados, así como trabajadores de justicia comunitarios) en la salvaguarda de la democracia, en el contexto de 2024, en el que casi la mitad de la población mundial ha votado.

“Los sistemas de justicia promueven y protegen un valor fundamental que sustenta la gobernanza participativa: el Estado de derecho”, algo que en México desaparecerá si no se reflexiona la reforma en sus términos.

Llamó a los Estados miembros a hacer más para revitalizar la confianza pública en las instituciones de justicia y defender a los actores de la justicia y su papel indispensable en la salvaguarda de la democracia.