Políticas diplomáticas más humanitarias

El tema de la migración ha resultado siempre un talón de Aquiles para las naciones. Mientras habitantes de países en conflicto y/o de bajos ingresos buscan abandonar su patria con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y protegerse, los países de destino se ven inmersos en una serie de transformaciones que les representa costos sociales, económicos, políticos e, incluso, culturales, a causa de la llegada de migrantes. Lo ideal sería que todas las personas encontraran en su país de origen las oportunidades de empleo, seguridad y calidad de vida que requieren para no tener que recurrir al abandono de sus naciones, pero lo real es que el fenómeno de la migración es un asunto de índole global y, si en verdad se pretenden soluciones de fondo, se requiere una política internacional que considere el contexto, los alcances y las necesidades de todos los países involucrados.

Controversiales han sido las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en el marco de su política migratoria. Primero fue la intención de construir un muro entre la nación estadunidense y México, “costeado con recursos mexicanos”; después, la famosa política de “tolerancia cero”, que básicamente consiste en redadas caza-migrantes, la separación de niños de sus padres migrantes y su hacinamiento en centros de detención que, prácticamente, son jaulas; luego, el acuerdo con nuestro país para mantener la frontera vigilada e impedir el tránsito de centroamericanos hacia Estados Unidos; y, actualmente, el recurso de deportaciones exprés que endurecerá el proceso de expulsión.

Las medidas más recientes dan paso a la deportación inmediata y sin la comparecencia ante un juez de inmigración de toda persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar que ha estado viviendo en el país durante dos años.

En lo que hay que poner la lupa no es tanto en el tiempo o la rapidez de la deportación, sino en la omisión de la figura del juez y el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadunidense, presumiblemente, se adjudicará la capacidad de modificar, en cualquier momento, los alcances del mecanismo de deportación. Toda acción en este sentido debe garantizar un trato digno a los repatriados, ya que la norma se aplicará incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos.

Hasta este momento, la política migratoria estadunidense ha vulnerado la integridad y el respeto a los derechos humanos de quienes buscan refugio en esa nación. Para muestra, un botón: en días recientes, agentes estadunidenses lanzaron gas lacrimógeno a migrantes en México, cerca del cruce fronterizo que separa a Tijuana de San Diego, California.

La ONU ya se ha manifestado al respecto, argumentando que quienes buscan asilo para escapar de la violencia y la persecución tienen derecho a presentar solicitudes en EU para conseguir refugio, así como pidiendo a dicho país que garantice protección a los solicitantes de asilo. No obstante, la respuesta de Donald Trump ha dejado a México como responsable de enviar de vuelta a los migrantes a sus países de origen, dejando todo el peso sobre nuestra nación.

A escasas semanas de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado una reducción de más del 30% en el flujo de migrantes que llegaron a EU atravesando por nuestro país. Ello, aunado al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte, es muestra de que México está poniendo de su parte, pues se entiende la preocupación de Donald Trump en su intento de contener el flujo migratorio hacia su nación.

Lo que, desde mi punto de vista, es injustificable es el trato inhumano y la falta de respeto a la integridad y los derechos humanos de las personas. El mundo necesita políticas diplomáticas, pero también que sean humanitarias.

La buena noticia es que el reciente destape de México para ser candidato al Consejo de Seguridad de la ONU abre una importante oportunidad para que nuestro país se sume como promotor de medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos, en el marco de las políticas migratorias con Estados Unidos.