La Ciudad de México está cambiando de forma profunda, pero no solamente en sus edificios, sus calles o su desarrollo económico, lo está haciendo también en la forma en que se construye la vida.
Datos recientes del Inegi evidenciaron a la capital con una de las tasas más elevadas de personas solteras, con las cifras de matrimonio más bajas del país y con niveles de fecundidad también muy reducidos. La explicación inmediata sería decir que las nuevas generaciones simplemente ya no quieren casarse ni tener hijos, que prefieren vivir solas, viajar, desarrollar una carrera profesional y, en muchos casos, compartir su hogar únicamente con amigos o una mascota. Pero quizá la causa sea más profunda.
Está bien elegir una vida sin pareja o sin hijos por convicción, pero es distinto cuando más que una elección se trata de resignación a vivir así porque las condiciones sociales y económicas dejan cerradas otras posibilidades. Ahí comienza a aparecer una forma de exclusión que pocas veces se reconoce como tal.
Y es que cuando hablamos de exclusión solemos imaginar a alguien a quien se le niegan expresamente derechos como entrar a una escuela, acceder a un empleo o recibir un servicio. Sin embargo, existen formas de exclusión más sutiles que no prohíben de manera directa, pero que terminan cerrando puertas: nadie te prohíbe comprar una vivienda, pero los precios hacen imposible adquirirla; nadie te impide formar una familia, pero el salario apenas alcanza para sostenerte a ti mismo; nadie te dice que no puedes tener hijos, pero no tienes certeza laboral, ni servicios o ingresos asegurados.
Algo semejante ha ocurrido históricamente con la educación. En teoría, cualquier niño o joven puede aspirar a estudiar, pero en los hechos, quien necesita trabajar desde muy temprano, pagar transporte y alimentación, parte desde una posición completamente distinta de quien cuenta con respaldo familiar. El derecho existe para ambos, pero las posibilidades reales no son iguales.
Ese mismo mecanismo comienza a trasladarse hacia las decisiones más íntimas de los jóvenes. Si una persona trabaja sin prestaciones, destina una enorme parte de sus ingresos a la renta y observa que comprar una vivienda está fuera de su alcance, construir un proyecto de largo plazo deja de ser únicamente una cuestión de voluntad; entonces tener hijos o casarse puede comenzar a verse no como un proyecto deseable, sino como un riesgo financiero.
Por supuesto, no se trata de idealizar el matrimonio o asumir que tener hijos deba ser el destino de todos, el riesgo está en interpretar que esta transformación social que se está dando en la CDMX sea únicamente producto de la libertad individual, sin analizar y cuestionar cuánto está pesando el entorno.
Porque una elección deja de ser completamente libre cuando las alternativas se vuelven económicamente inaccesibles y esto tiene una consecuencia colectiva.
La Ciudad de México avanza desde hace años hacia una población más envejecida y si esa tendencia se profundiza, en las próximas décadas habrá que enfrentar mayores necesidades de cuidados, servicios médicos, pensiones y asistencia, mientras disminuye proporcionalmente la población joven que sostiene buena parte de la actividad económica. Por eso, el verdadero debate no debería ser si los jóvenes quieren casarse o tener hijos, sino garantizar las condiciones suficientes para que ellos puedan elegir libremente y no orillados por la ausencia de condiciones favorables.
Por eso resulta indispensable mejorar las oportunidades de empleo, garantizar acceso efectivo a servicios de salud, ampliar las posibilidades de vivienda accesible y elevar, en general, la calidad de vida de las nuevas generaciones. Porque cuando el contexto determina demasiado el futuro, la falta de oportunidades termina convirtiéndose también en una forma de exclusión.