Tragedia en el sur

Debido a los estragos del terremoto de 1985, la atención de las autoridades y los medios de comunicación se centró —en un inicio— en la Ciudad de México. Afortunadamente, a pesar de tener una magnitud mayor al de 1985, la repercusión no tiene punto de comparación.

Hay que reconocer que la prevención se hizo cotidiana en la CDMX, que incluye estrictos códigos de construcción, sistemas de alerta temprana y simulacros de forma permanente. No sucedió ninguna tragedia.

Desgraciadamente, en el sur del país, en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, especialmente en la región del Istmo de Tehuantepec, el sismo ocasionó considerables pérdidas materiales y casi un centenar de muertes.

Más de 2.5 millones de personas han resultado afectadas. Se perdieron más de 100 mil viviendas y la infraestructura social se encuentra dañada. El derrumbe de edificaciones está relacionado con la autoconstrucción —a menudo por motivos económicos—, sin proyecto arquitectónico ni estructural, sin estudios de mecánica de suelo y con materiales inadecuados.

Por otro lado, construcciones relativamente modernas, destinadas a grandes cadenas transnacionales, resultaron afectadas, al parecer porque éstas tienen un prototipo definido de obra, que reproducen a lo largo del país (no es lo mismo construir una gran estructura en Aguascalientes que en Oaxaca).

El sismo ha dejado a miles de damnificados, pertenecientes a todos los sectores poblacionales, pero los más afectados son niñas y niños. Sólo en Oaxaca, según cifras de Unicef, existen al menos 500 mil menores de edad que se encuentran en condiciones vulnerables, los que ya son considerados como primeros afectados de esta tragedia.

La principal afectación de la que son víctimas los menores está en sus centros escolares, su alojamiento, la falta de alimentación y los efectos sicológicos que han dejado en ellos alrededor de mil réplicas que han sucedido.

Ante este panorama, urge que los gobiernos de todos los niveles agilicen los apoyos y recursos económicos para las víctimas del sismo, activando de inmediato todos los programas públicos de ayuda a la población con el propósito de que lleguen los recursos previstos para la reactivación y normalización de las actividades económicas y sociales.

Debemos estar alerta, vigilando que la entrega de recursos se lleve a cabo de manera pronta y expedita, con el objetivo de que realmente ayude a las familias afectadas y sin distingo partidista.

Se debe evitar y, en su caso, denunciar prácticas corporativas para lucrar políticamente con la desgracia de los damnificados, tal como ha sucedido en otras ocasiones en las que, tras las tragedias derivadas de fenómenos naturales, se multiplican los discursos demagógicos de los funcionarios respectivos, pero sin que la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) se haga efectiva por parte del gobierno federal.

Así sucedió, por ejemplo, con la sequía atípica de hace algunos meses en el mismo Istmo de Tehuantepec, en la que la entrega de recursos federales sólo benefició a personas y organizaciones afines a un partido político que gobierna Oaxaca.

Lo sucedido deberá dejar importantes lecciones para el futuro: extender y perfeccionar el sistema de alertas tempranas, reformar y verificar que se cumplan las normas de construcción y fortalecer la cultura de prevención y protección civil en todo el país (no solamente en las áreas muy densamente pobladas), para que la ciudadanía esté enterada de cómo actuar ante la presencia de fenómenos naturales como sismos, huracanes y sequías.

Desde el centro de la República nos solidarizamos con todas nuestras hermanas y hermanos de la región afectada y convocamos a la población en general a apoyar en el centro de acopio ubicado en la calle de Tehuantepec 77, colonia Roma, en la Ciudad de México.