Justicia subordinada, impunidad garantizada
Como lo he señalado con anterioridad en este espacio, en México se vive una crisis terminal del régimen político presidencialista y concentrador del poder, la cual impacta de manera severa en el ámbito político, social, económico y también, como lo analizaremos ahora, en el sistema de procuración de justicia
Una de las características del presidencialismo exacerbado en nuestro país ha sido que el Presidente ha asumido, por determinación constitucional, la facultad de perseguir los delitos de orden federal. Esta facultad la ha ejercido a través de nombrar, sin la intervención del Congreso de la Unión, al procurador general de la República. La designación de este funcionario obedece entonces a lealtades personales y/o complicidades políticas. Así, procuradores y fiscales, en su mayoría, han fungido más como operadores políticos y guardianes de los intereses del Presidente y su partido que como servidores a la sociedad.
Por ello, el antiguo sistema penal inquisitorio era también una pieza en extremo funcional al presidencialismo, pero claramente incapaz para procurar justicia y terminar con la impunidad. Con la discrecionalidad imperante en ese sistema, los gobernadores y el Presidente de la República aseguraban impunidad para ellos mismos y para muchos de sus cómplices en los actos de corrupción y de otras violaciones al orden jurídico.
Pero más aún, la dependencia política de los procuradores al Ejecutivo federal o a los ejecutivos de las entidades federativas posibilitaba que el sistema de procuración de justicia fuese utilizado para la persecución de disidentes políticos o de los enemigos del régimen.
En los procesos de reformas políticas iniciadas a finales del siglo pasado, la oposición al priismo fue persistente en establecer nuevas normas que terminaran los lazos de dependencia entre procuración de la justicia e intereses de carácter partidista y con la discrecionalidad en la aplicación de la ley. Como se sabe, las reformas han sido varias y exitosas y ello ha logrado que, desde la Constitución, se establezca que, a partir de ahora, el nombramiento de los procuradores de justicia y especialmente el del fiscal general de la República se encuentren sujetos a decisiones del Congreso de la Unión.
Así, desde el Congreso se logró crear una nueva arquitectura institucional para que la Procuraduría General de la República fuese sustituida por una Fiscalía General, autónoma y profesionalizada, que respondiera íntegramente a la exigencia ciudadana por un Estado de derecho. Ello implica, lo reitero, que la designación del fiscal deba pasar por las decisiones responsables del Congreso de la Unión.
Lamentablemente, el Presidente de la República pretende, mediante contrarreformas constitucionales y legales, y con los antiguos métodos de control político sobre legisladores, imponer al actual procurador como nuevo fiscal general de la República. El rechazo social a esta pretensión es enorme, pues lo que busca el Presidente es reestablecer la dependencia política en la procuración de la justicia.
Por otro lado, también desde el Congreso de la Unión, junto con organizaciones civiles y sociales, se logró aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual tiene como principal objetivo establecer una coordinación entre las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción que se generan en cualquier nivel de gobierno.
Las disposiciones legales establecen que el SNA debe ser encabezado por un funcionario responsable de organizar todos los esfuerzos institucionales para el combate efectivo de la corrupción. Desafortunadamente, el Presidente de la República y su partido han hecho todo lo posible para evitar la designación del fiscal anticorrupción, impidiendo, de esta manera, que el Sistema pueda comenzar a funcionar en su integridad y, con ello, se den pasos serios en el combate a la corrupción y la impunidad.
En lo respectivo al nuevo sistema penal, el Ejecutivo federal y varios gobernadores se han dado a la tarea de descalificarlo y con ello se busca reestablecer el antiguo y anacrónico sistema de justicia característico del régimen presidencialista.
El Congreso de la Unión no debiera admitir las presiones del gobierno, en sentido diferente y como es su obligación constitucional, debiera contribuir a que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción estén asignadas a personas de probada honradez y con clara independencia y autonomía con respecto a cualquier interés de carácter partidario, especialmente el que se desprende del Presidente de la República.
La independencia y la autonomía de las fiscalías son imperativas para alcanzar un genuino y eficaz sistema de procuración de justicia.