¿El último recurso?

A una buena parte de los políticos les interesa sólo el plazo inmediato de la siguiente elección y para éstos la razón estratégica ha dejado de tener importancia.

Veamos un tema en donde la puerilidad ha sentado sus reales:

La violencia, siendo un asunto tan delicado, resulta trágico que se abordé con tanta superficialidad, hasta el grado de que se le presente como irresoluble.

Es verdad, no se había presentado tal grado de violencia que hubiera implicado la pérdida de vida de miles de personas, principalmente jóvenes.

Miles de familias se encuentran angustiadas por no saber el paradero de sus cercanos. La violencia en la sociedad mexicana es tan impactante que millones de personas se encuentran en la indefensión, ante la pérdida de su derecho humano a la seguridad en su vida y patrimonio.

Ante esta pavorosa situación, el gobierno de Peña Nieto no va más allá de reafirmar una estrategia tan absurda como inútil y que da continuidad a una guerra que, lastimosamente, nos conduce como país hacia la catástrofe.

Continuamos inmersos en una guerra que, sabemos de antemano, el Estado ha perdido.

Así se conformó una realidad social y política, en la cual el Estado y sus instituciones revelan cada vez mayor debilidad, al grado de que en muchas regiones son prácticamente inexistentes.

Un ejemplo: los ciudadanos pueden recurrir a instituciones del gobierno federal o estatal para hacer trámites de obtención de pasaportes o para el pago de multas de tránsito o para establecer contratos civiles; pero no existe el Estado para cumplir con su primigenia razón de ser: garantizar la seguridad en la vida de las personas.

Hay entidades de la Federación en donde el gobernador aparece como expresión meramente simbólica del poder del Estado; sucede igual con los congresos locales o los tribunales de justicia o cualquier otra autoridad. Son ornamentos o, peor aún, son abiertamente cómplices de los poderes fácticos.

¿Cuál es la posibilidad de que el gobierno de cualquier entidad tenga el control sobre los penales y los reclusorios?: ¡Ninguna! Son los jefes de los poderosos grupos de la delincuencia quienes los administran y son (los reclusorios) eslabones del impresionante negocio del tráfico de armas y de estupefacientes.

Y entonces, ante una situación tan delicada, con tantas variables que intervienen y con tantos intereses involucrados, aparecen las fórmulas mágicas para cualquier problema:

-¡Hay que privatizar la administración de los penales, dicen los peritos especialistas (que brotan ya por miles), y no falta el gobernante que, literalmente, les compra su magia!

-¡El problema, dicen otros, está localizado en las policías, y entonces observamos cómo se han destinado miles de millones de pesos para crear múltiples escuelas policiacas, grandes centros de capacitación, impresionante compra de armas para los cuerpos policiacos! ¡No hay resultados tangibles!

Si lo anterior ha sido insuficiente, entonces hay que hacer del proceso legislativo un frenesí:

-¡60 años de cárcel a los secuestradores! ¡¿No fue suficiente con 60 años?!

-¡Entonces que sean 100, 200 años! ¡¿No sirvió?!

-¡Pues entonces la pena de muerte! ¡¿No sirvió?!

-Pues entonces —dicen algunos— habrá que recurrir al último recurso: al de las leyes divinas. Y es entonces cuando el quehacer político se transforma, peligrosamente, en misión evangélica. ¡Los padrecitos en lugar de los ciudadanos!:

-¡Dios mediante seré presidenta! —dice una precandidata.

-¡Creo en Cristo como Dios y es la única realidad importante en la historia! —dice otro de los presidenciables.

-¡La Biblia es mi guía! —dice el Presidente.

¿Y la República, la Constitución, el Congreso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el laicismo, los votantes, la gente y sus derechos? Parecería que estas instituciones, estos principios y valores de la democracia no tuvieran ahora mayor importancia.

Pues se equivocan los fanáticos, fundamentalistas e integristas. En estas instituciones republicanas es en donde se encuentra la verdadera alternativa para que nuestro país alcance una nueva gobernabilidad democrática.