¡Merodear, acechar, intimidar!

La misma Academia define al Servicio de Inteligencia “como la organización del Estado que proporciona al Poder Ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los intereses nacionales·”.

Por algunas razones que habrá que indagar, la inteligencia, en su acepción política, ha derivado en capacidad para engañar o agraviar a otros, sin que ello implique consecuencia legal alguna.

Peor aún, se considera que los servicios de inteligencia son aquellos medios o instrumentos que utilizan el Estado, sus instituciones o los individuos a su servicio, para espiar a opositores disidentes, aunque ello signifique, como generalmente sucede, actuar al margen de la ley y rebasando todo límite ético.

En el extremo, se habla de “eficientes aparatos de inteligencia” cuando mayor es la capacidad de violentar, por ejemplo, la soberanía de otros Estados o de pisotear impunemente las leyes que protegen y debieran salvaguardar los derechos humanos.

Por ello, es una barbaridad que se asuma, por los agentes del Estado o por los ciudadanos mismos, que sea políticamente correcto que la seguridad del Estado se encuentre por encima de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que confrontan o disienten de quienes han accedido y representan al poder político.

Esta visión de la seguridad del Estado ha trastocado la razón de existencia del mismo, pues el Estado surge para garantizar seguridad a las personas y ésa fue, y sigue siendo, su primera obligación.

Como lo dijo el filósofo y político inglés Thomas Hobbes, el Leviatán tiene la tarea de preservar la integridad de sus ciudadanos y de librar al individuo de las incertidumbres de la naturaleza anárquica del mundo. El concepto de seguridad no se restringe únicamente a la garantía de la existencia física, sino que va más allá y se extiende, también, a la estabilidad social que permite disfrutar de una vida libre de amenazas.

Es por ello que nadie debiera admitir que el Estado mexicano y los gobiernos e instituciones que le representan continúen llevando a cabo, impunemente, esas “labores de inteligencia”, las cuales consisten en espiar, en el sentido de escuchar, merodear, acechar y vigilar a las personas para impedir el ejercicio sus derechos políticos y cancelar su libertad.

Durante décadas, los ciudadanos nos acostumbramos a que el Estado nos espiara. Vivimos como si fuera cotidiano que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Dirección Federal de Seguridad o cualquier otro organismo de inteligencia del Estado espíe a las personas, a los partidos y a las organizaciones políticas.

Eso consolidó al Estado del nacionalismo revolucionario como ente autoritario y a que el mundo identificara al régimen priista como una “dictadura perfecta”, como magistralmente la definió el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Hoy vemos como ordinario que se difundan los videos y las conversaciones que se obtienen de manera inconstitucional y, mayormente, con la intervención de los gobiernos federal o estatales. Pocos reparan en lo nocivo y destructivo que ello significa para la convivencia civilizada en la sociedad.

Por eso, repudiemos rechacemos toda acción del Estado, de los gobiernos de todos los niveles que agredan la libertad de cualquier persona, como es el caso de Carmen Aristegui, de sus familiares o de cualquier otro periodista.

¡Hay que enfrentar decididamente todas aquellas violaciones al derecho a la intimidad, a la privacidad de todas las personas!

Los servicios de inteligencia del Estado no se cualifican desde la eficiencia de sus aparatos represores. Se miden en la eficiencia y amplitud con que funcionan sus centros educativos, culturales y científicos.