¿Una elección válida?

El pasado domingo 15 de junio, el Consejo General del INE decidió la validez de la elección para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera inédita y extraordinaria, calificativos repetidos de sobra en esta elección, hubo una votación dividida en el pleno del Consejo: seis votos a favor y cinco en contra. Vale la pena recordar que, en agosto de 2024, cuatro de once consejeros del INE votaron por intentar acotar la sobrerrepresentación legislativa de Morena. Ambas votaciones divididas en cuestiones tan fundamentales son testimonio de los tiempos que corren en México.

Si bien el Consejo General del INE acordó eliminar 818 actas de los cómputos finales, mismas que representan poco menos de uno por ciento de las casillas instaladas, por tener irregularidades graves y evidentes, tales como una participación electoral cercana a cien por ciento o bien, patrones de votación sumamente atípicos, esto no tuvo un efecto determinante en el resultado.

Para seis consejeras(os), con esto bastaba para limpiar de dudas la elección judicial. Sin embargo, para cinco consejeras(os), los indicios de irregularidades eran tan graves y numerosos que se pronunciaron por no declarar como válida la elección para la Corte —cosa distinta a declararla inválida o anularla, por cierto—, de modo que éstas pudieran subsanarse y, en su caso, que el Tribunal Electoral resolviera el fondo del asunto.

¿Basta con eliminar 818 actas irregulares? Difícilmente. De hecho, si se eliminaran del cómputo final todas las casillas de entidades como Chiapas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, cuatro entidades con patrones de votación atípicos o relativamente distintos al resto del país, el resultado final no cambiaría en lo sustantivo. Es decir que, si se descartaran todas las casillas de cada una de estas entidades o de las cuatro en su conjunto, no cambiarían ni la integración de la Suprema Corte ni el orden de las nueve candidaturas ganadoras que conocemos ahora.

Uno de los aspectos más preocupantes de la elección del 1 de junio pasado es, justamente, la extraordinaria uniformidad de sus resultados, a pesar de tratarse de una elección con listas abiertas de considerable complejidad. Hubo 64 candidaturas registradas para la SCJN y 38 para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Se pidió votar por 9 personas para la Corte y 5 para el TDJ. Había cientos de miles de combinaciones de voto posibles y distintas. Sin embargo, como sabemos, en casi todas las entidades del país resultaron ganadoras las mismas nueve candidaturas para la Corte que fueron mencionadas en el acordeón más popular.

Esta uniformidad va más allá de la Suprema Corte: en la mayoría de las entidades ganaron las mismas cinco candidaturas para el Tribunal de Disciplina. De manera aún más sorprendente, la correlación de Pearson entre los porcentajes de voto a nivel casilla obtenidos por Hugo Aguilar y Celia Maya, candidata al Tribunal de Disciplina, fue 0.73, mientras que la correlación entre los votos de Lenia Batres y Bernardo Bátiz fue de 0.85. Tras recibir su constancia de mayoría, el magistrado Bátiz declaró que “el voto fue libre y secreto” y que “los acordeones sólo fueron un apoyo”.

Al declararse la validez de la pasada elección presidencial, poco supimos sobre quién pagó por los anuncios espectaculares de la campaña anticipada de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Este año, ¿lograremos saber quién pagó y distribuyó masivamente los acordeones que se tradujeron en un éxito electoral inédito y extraordinario para los nuevos jueces electos?

En 2024, la pluralidad del voto no se tradujo en una representación legislativa acorde con los límites a la sobrerrepresentación que establece la Constitución. Este año se nos invitó a elegir ministros, magistrados y jueces por voto directo, pero lo sesgado de las boletas electorales no incentivó una mayor participación. Por desgracia, ambos fenómenos están relacionados y debilitan la credibilidad de las elecciones organizadas por el INE y, con ello, la calidad de la democracia misma.