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Reforma electoral y federalismo

Javier Aparicio

Javier Aparicio


 

Esta semana se anunció en San Lázaro el inicio de los trabajos de tres comisiones legislativas para revisar y dictaminar las diversas propuestas de la reforma político-electoral que se han presentado en los últimos meses. En concreto, se anunció que las comisiones de Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación, todas ellas con mayoría morenista, intentarán producir un dictamen conjunto de reforma electoral.

El diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, manifestó que hay más de cincuenta iniciativas de reforma constitucional y otro tanto similar de reformas a leyes secundarias. El coordinador de la bancada morenista manifestó que buscarían consensos para “construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica”. ¿Será cierto?

Desde mayo pasado, en este mismo espacio hemos comentado diferentes aspectos de la iniciativa presidencial de reforma política, misma que ineludiblemente permea en la discusión pública. Retórica aparte, el aspecto más preocupante y regresivo de la propuesta es el “borrón y cuenta nueva” de todas y todos los árbitros electorales del país: la renovación total de los integrantes de los cuerpos colegiados del INE y TEPJF, así como la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. Al respecto, el 19 de mayo pasado escribí en este espacio que se antojaba difícil que la propuesta presidencial se aprobara en sus términos “a menos que la oposición intentara sabotearse a sí misma”.

De entonces a la fecha han ocurrido cambios importantes y ha habido un importante realineamiento de las coaliciones legislativas al interior de ambas cámaras del Congreso. Si el PRI decide abandonar completamente la coalición con el PAN y PRD —con la que pidió el voto ciudadano apenas en 2021—, para sumarse a la coalición gobernante, las probabilidades de que lleguemos a las elecciones presidenciales de 2024 con un nuevo marco legal y árbitros electorales severamente vulnerados es mucho mayor.

De hecho, puede argumentarse que incluso si no se aprueba ninguna reforma electoral, la renovación escalonada de cuatro consejeros del INE y dos magistrados del TEPJF, misma que debería ocurrir en 2023 con el marco legal vigente, ya se halla seriamente comprometida desde ahora. Hay que decirlo con toda claridad: la calidad de nuestra joven democracia y la confiabilidad de las elecciones están en riesgo cuando el gobierno en turno manifiesta que ningún consejero ni magistrado electoral le parece confiable ni digno de mantenerse en su cargo. Hay otro aspecto igualmente preocupante en la propuesta gubernamental de desaparecer a todos los organismos públicos locales electorales y a los tribunales locales, así como en la de acotar el tamaño de los congresos locales y los cabildos de los ayuntamientos. Como bien recordó el exmagistrado electoral Flavio Galván en un evento reciente de la Escuela Judicial Electoral, si tomamos en serio lo que dice a la letra el artículo 40 Constitucional —“es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”—, concentrar todas las tareas electorales en un solo instituto nacional es “antifederalista y propio de un sistema centralista”.

En el mismo sentido, Alejandra Tello, politóloga especialista en justicia electoral, afirma que “con esta iniciativa también se están reduciendo los espacios deliberativos de las entidades federativas”. ¿Bajo qué tipo de argumento legal o normativo puede sostenerse que ninguna institución o tribunal estatal, así como ningún representante de partidos locales, pueden tener voz ni voto en la organización de las elecciones de sus representantes y gobernantes estatales y municipales? ¿Acaso solamente funcionarios federales pueden organizar elecciones? ¿Acaso solamente los jueces federales pueden resolver controversias electorales? Hay que defender la autonomía de los árbitros electorales, sí, pero también el federalismo.

 

 

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