Reforma electoral, ¿ahorita?

El pasado 28 de abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa toca diferentes aristas del sistema político-electoral del país, unas de mayor o menor relevancia o trascendencia, pero destacan cuatro: una renovación total de los institutos y tribunales electorales locales y federales, una transformación del sistema electoral del Poder Legislativo, congresos y cabildos, una reducción en el financiamiento público a partidos y el acceso a medios, y una redefinición de la propaganda gubernamental. 

El aspecto más preocupante de la iniciativa es el “borrón y cuenta nueva” del INE y TEPJF —órganos constitucionalmente autónomos— y la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. La propuesta de renovar cada seis años a todos los consejeros y magistrados es una idea grave y regresiva: la renovación escalonada de los cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia relativa de estos organismos. Sea cual fuere el método de designación, imagine un escenario en el que cada elección presidencial es organizada y calificada por autoridades con menos de dos años de experiencia en sus respectivos cargos. 

La propuesta de elegir árbitros electorales mediante voto directo sobre listas de candidaturas propuestas por los tres Poderes (veinte cada uno) también es mala idea porque estas “listas” también tendrían un sesgo partidista y, además, quienes debieran demostrar imparcialidad e independencia de los partidos tendrían que hacer campaña. ¿Cuántas personas participarían en este tipo de elección? 

La iniciativa presidencial también propone reformar el sistema electoral del Congreso. Si bien en otros momentos se habló de eliminar las diputaciones plurinominales, la iniciativa en realidad propone una Cámara con 300 diputaciones elegidas mediante “listas plurinominales estatales”. 

 El texto de la iniciativa propone que cada entidad tenga una “lista de candidaturas” y que las diputaciones se elijan por representación proporcional: tres diputaciones en Aguascalientes, trece en Chiapas, cuarenta en Edomex, etcétera. Al eliminar el sesgo de sobrerrepresentación de las diputaciones de mayoría relativa, este sistema produciría, en efecto, una Cámara más proporcional que las que hemos tenido en las últimas décadas en México. En 2010, Javier Márquez y yo analizamos una propuesta similar del PRD en el libro Debatiendo la reforma política (2010). 

La iniciativa sugiere que la elección por listas estatales obligaría a las y los candidatos a hacer campañas territoriales, contrario a lo que ocurre con las actuales plurinominales. Esto puede ser relativamente cierto, pero se omite mencionar que esta reforma desaparece la representación territorial que, para bien o para mal, inducen las diputaciones de mayoría relativa. 

 En la medida que la iniciativa propone reducir de manera arbitraria tanto el tamaño de los congresos locales como de los cabildos, además de eliminar los organismos públicos locales electorales, puede argumentarse que atenta contra el federalismo. 

 Por último, la iniciativa propone redefinir qué es propaganda gubernamental y reducir el financiamiento a partidos políticos: ambas medidas favorecen al gobierno en turno porque éste podría realizar más propaganda en el ejercicio del gasto y, por otro lado, el financiamiento a partidos puede serle más útil a los partidos de oposición que a los partidos en el gobierno. 

Si un presidente con mayorías en ambas Cámaras y un creciente número de gubernaturas propone destituir y renovar sexenalmente a todos los árbitros electorales del país a cambio de permitir congresos relativamente más proporcionales: ¿se fortalece o se pone en riesgo la calidad de nuestra democracia? ¿Quién integraría las listas de candidaturas legislativas? ¿Quién las de candidaturas a árbitros electorales?