Esta semana se aprobarán en el Congreso tres importantes reformas electorales: una largamente esperada y dos sumamente improvisadas, apenas anunciadas una semana atrás. Al igual que todas las reformas constitucionales aprobadas en este sexenio, ninguna de ellas contó con el consenso de algún partido de oposición.
La primera es una reforma constitucional a la improvisada reforma judicial de 2024. De todos los problemas que representó aquella reforma, sólo se atendieron algunos asuntos no menores: la elección de los jueces y magistrados que aún no han sido removidos de sus cargos se pospuso de 2027 a 2028, se modificaron los criterios para la selección de candidaturas judiciales, y se restituyeron las salas al interior de la Suprema Corte. La próxima elección judicial no será concurrente con las elecciones federales, pero sí con las elecciones locales de 2027. Aprovechando el viaje, sin mayor discusión, se modificará la fecha de un eventual referéndum de revocación de mandato presidencial para que coincida con las elecciones locales y judiciales de 2027. ¿Qué podría salir mal?
Por desgracia, la reforma de la reforma judicial dejó sin resolver un problema mucho más grave: que las candidaturas judiciales futuras emanarán preponderantemente de las filas del oficialismo o de quienes prometan plegarse al partido en el poder. Así, la próxima elección judicial difícilmente tendrá más legitimidad democrática que la fallida elección de 2025. Y aprovechando el viaje, cuatro magistrados electorales —designados en 2016 y que debieron concluir sus mandatos originales en 2024—, ahora permanecerán hasta 2028.
La segunda es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear en el INE una nueva “comisión de verificación” de la integridad de las candidaturas. Como los partidos políticos han demostrado una y otra vez ser incapaces de asumir la responsabilidad de sus malas candidaturas o peores gobiernos, ahora se le escurre el bulto al INE. La misma presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado lo problemático que es encargar a un árbitro electoral “opinar” sobre la idoneidad de las candidaturas de los partidos políticos.
Baste recordar que, ante los recientes señalamientos (del extranjero, ojo) en contra de representantes populares de Sinaloa (propuestos por Morena, ojo), la mandataria no tardó en responsabilizar al INE por haber validado tal elección sin haber denunciado irregularidades. Puesto que el INE no valida elecciones locales, la acusación de la presidenta Sheinbaum es falsa o improcedente, pero ahora se propone que el INE valide ex ante la integridad de tales o cuales candidaturas.
La reforma requiere que el INE intercambie información de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras. ¿A qué candidaturas vigilarán con mayor ahínco las “instancias competentes”, las del partido en el gobierno o las de la oposición? Recordemos que son las mismas instancias que no tuvieron conocimiento de ninguna anomalía en Sinaloa desde 2021 a la fecha, pero supongo que basta con legislar al vapor.
Por último, se propone reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución para crear una nueva causal de nulidad de elecciones: “Por intervención extranjera” ya sea de individuos, organizaciones o gobiernos con la “intención” de influir en el electorado. El problema es real, sin duda, pero el remedio no es proporcional. En conjunto, estas dos reformas son preocupantes por su ambigüedad e indeterminación: si algún candidato luce competitivo, se le podrán señalar vínculos sospechosos ante el INE. Y si el gobierno pierde una elección importante, podrá alegar injerencia extranjera para anularla. En última instancia, el Tribunal Electoral —que no vio nada sospechoso en la elección judicial, pero legitimó los acordeones—, tendrá la última palabra.
Es un sinsentido proponer que, para defender la soberanía nacional, se permita anular la soberanía del sufragio universal, libre, secreto y directo. El proteccionismo electoral del gobierno confunde soberanía con un manto creciente de impunidad.