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Nueva terna para la Corte

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Esta semana, el Presidente entregó formalmente al Senado una terna para cubrir la vacante creada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la controversial renuncia de Eduardo Medina Mora. Se trata de una terna integrada por tres mujeres: Diana Álvarez Maury, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos-Farjat.

Las designaciones para la SCJN son de la mayor trascendencia para preservar el orden constitucional y el equilibrio entre poderes de una democracia constitucional. Paradójicamente, a menudo reciben un menor escrutinio mediático y por parte de la sociedad civil que las designaciones a cargos como los del Consejo General del INE o el Tribunal Electoral.

El artículo 95 constitucional estipula, además de contar con una buena reputación y estudios de derecho, dos requisitos importantes para llegar a la Corte. El primero consiste en no haber sido secretario de Estado, fiscal general, legislador federal o gobernador “durante el año previo al día de su nombramiento”. Este requisito enfatiza la importancia de que los nombramientos a la Corte tengan cierta distancia tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Dos de las tres integrantes de la nueva terna trabajan directamente en la administración pública federal: una como directora general del SAT y otra como subsecretaria Desarrollo Democrático en Segob.

En segundo lugar, el mismo artículo sugiere que los nombramientos “deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia” o bien, “que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. Si bien este requisito enfatiza que los perfiles con carrera judicial son preferibles, abre la puerta a otro tipo de perfiles siempre y cuando sean suficientemente destacados, por ejemplo, ya sea por su experiencia en el ámbito privado o académico. Puede decirse que las tres integrantes de la nueva terna tendrían este segundo tipo de perfil en mayor o menor medida.

Existe un debate de años sobre la composición ideal de un tribunal constitucional. Hay quienes quisieran privilegiar los perfiles con carrera judicial para ayudar a un mejor funcionamiento del Poder Judicial y hay quienes prefieren una integración más diversa y plural para ayudar al Poder Judicial a reformarse y renovarse sus ideas y enfoques. En la integración actual de la Corte hay seis ministros con carrera judicial federal o local, tres más fueron funcionarios públicos y quien hoy preside la Corte provino de la práctica privada y académica. Quienes critiquen la nueva terna por carecer de perfiles con carrera judicial deberían poder explicar por qué el ministro Arturo Zaldívar logró conseguir la presidencia de la Corte con el apoyo de sus pares.

Para asegurar un lugar en la Suprema Corte se requiere el apoyo de dos tercios de los miembros presentes del Senado, de modo que si alguna aspirante logra conseguir por lo menos 86 votos tendría un lugar garantizado. Si alguien consigue menos de 86 votos, su designación estaría sujeta al número de senadores presentes en la sesión, tal y como ocurrió con la controversial designación en CNDH hace poco. Las últimas trece designaciones a la Suprema Corte han contado con un promedio de 93 votos de un máximo posible de 128 (72.6% del total). Las designaciones con menos apoyo han sido las de Eduardo Medina Mora y Margarita Luna Ramos, con 83 votos cada uno, ambos retirados ya. Por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá consiguió el máximo apoyo visto en años recientes: 114 votos apenas en diciembre pasado, al inicio del nuevo gobierno. Si algo demuestra este dato es que si el Presidente envía una terna con perfiles adecuados, no debería ser imposible para el Senado actual buscar una designación con el mayor consenso posible.

Desde mi punto de vista, el mejor perfil de la terna para la Corte es, por mucho, el de la doctora Ana Laura Magaloni. Así me lo sugieren su formación académica, su independencia del Poder Ejecutivo y sus numerosos estudios sobre derecho constitucional, procuración de justicia, tanto a nivel local como federal, así como su amplia experiencia en derechos humanos. Sea como fuere, tras la controversial salida de un ministro de la Corte y la polémica votación para la CNDH, la próxima designación para la Suprema Corte debe tener un proceso y designar un perfil impecable.
Ojalá el Senado esté a la altura de los tiempos que corren, tiempos de definiciones.

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