Mayorías y acuerdos
Esta semana, el INE aprobará la asignación de asientos de representación proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado. Con ello, y una vez que el Tribunal dé trámite a las impugnaciones que, con certeza, habrá, conoceremos la integración de la LXVI ...
Esta semana, el INE aprobará la asignación de asientos de representación proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado. Con ello, y una vez que el Tribunal dé trámite a las impugnaciones que, con certeza, habrá, conoceremos la integración de la LXVI Legislatura.
De manera ineludible, la sobrerrepresentación legislativa será una pieza central de la discusión en el INE y el Tribunal Electoral. En esta ocasión, me quiero ocupar de algunos argumentos falaces que se han vertido en diferentes espacios en torno a la composición del Congreso y sus consecuencias.
En primer lugar, ha habido una airada discusión sobre el papel de las mayorías legislativas. Ningún sistema electoral es perfecto. Hay quienes dicen que, en la medida que todos los sistemas electorales mayoritarios inducen sobrerrepresentación, las distorsiones observadas en México son naturales y democráticas. Sin embargo, quienes afirman esto olvidan u omiten que, tanto en los países con sistemas mayoritarios como en los que tienen sistemas proporcionales, existen numerosas barreras para reformar la Constitución.
En la medida que la Constitución debe contener acuerdos políticos fundamentales y de largo plazo, es natural que reformar la Constitución requiera del acuerdo de una coalición lo más amplia posible de intereses partidistas y sociales. Ésa es la razón de ser del sistema electoral mixto y los límites constitucionales a la sobrerrepresentación en México: proteger la pluralidad y cierta proporcionalidad.
En segundo lugar, se ha planteado que una mayoría calificada es una condición indispensable para el nuevo gobierno. Hay quienes dicen que, si no consiguen mayorías calificadas, la coalición gobernante no podría reformar la Constitución ni implementar el así llamado plan C. De manera análoga, hay quienes afirman que quienes pretenden acotar la sobrerrepresentación de la coalición morenista, en realidad quieren obstaculizar la agenda legislativa del próximo sexenio.
Ambos argumentos son falsos. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo mayorías simples en las Cámaras, pero, al igual que sus antecesores, no contó con mayorías calificadas. Sin embargo, al igual que sus antecesores, esto no le impidió promover reformas constitucionales en temas como paridad en todo, Guardia Nacional, programas sociales, revocación de mandato y hasta una reforma judicial, entre otras. En cierto modo, si el Presidente saliente no logró mayores reformas fue por falta de voluntad o capacidad de negociación con los partidos de oposición.
Del mismo modo, si la próxima presidenta Claudia Sheinbaum no tuviera mayorías calificadas en una o las dos Cámaras, nada le impediría negociar y buscar acuerdos para reformar la Constitución y las leyes del país. De hecho, si el reparto que se anunció esta semana se confirma, la coalición morenista no tendrá mayoría calificada en el Senado. ¿Acaso ése es el fin del plan C? Difícilmente.
Es natural que un gobierno que pretende ser transformador busque mayorías holgadas en el Poder Legislativo y un Poder Judicial complaciente. Sin embargo, un gobierno autoritario, adverso a la rendición de cuentas y el Estado de derecho, también querría lo mismo: la capacidad de reescribir la Constitución a su gusto y que nunca pueda ser derrotado en los tribunales. Por ello, vale la pena recordar que las regresiones democráticas observadas en las últimas décadas en el mundo han contado con una de dos características: sobrerrepresentación legislativa y un avasallamiento del Poder Judicial.
Por otro lado, un gobierno que pretende ser auténticamente democrático debería ser capaz de construir y negociar acuerdos de largo plazo para transformar el país para bien —incluso si no contara con mayorías legislativas—, y no debería temer a la rendición de cuentas o el escrutinio de un Poder Judicial autónomo e independiente.
Del mismo modo, no es necesario desmantelar a la Suprema Corte o los organismos autónomos para renovarlos o reforzarlos: una renovación escalonada, a lo largo de 12 años de gobiernos de mayoría, deberían ser suficientes. A menos, claro, que lo que se busque sea un poder absoluto y sin límites.
