Libertades y autonomías en riesgo

Ayer se realizó en la Cámara de Diputados el foro Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo. El foro buscaba discutir, desde muy diversos puntos de vista, cómo la política científica implementada por el gobierno federal ha vulnerado la libertad académica y la autonomía universitaria en México.

En el foro participaron académicas y académicos de instituciones públicas y privadas de diversas áreas del conocimiento: UNAM, UAM, Cinvestav, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, la Academia de Ciencias de Morelos, CIESAS, CIDE, ENAH, UDLAP, Universidad Iberoamericana, así como investigadores posdoctorales y estudiantes de estas y otras instituciones expusieron los diversos agravios que han padecido en años recientes.

A lo largo de la jornada se realizaron cinco mesas en las cuales se discutieron los principales agravios se encuentra no sólo el discurso estigmatizante con el que se descalifica a universidades y comunidades académicas de diversa índole desde Palacio Nacional, mismo que se ve reforzado con una visión sumamente ideologizada de lo que debe investigarse y enseñarse en los centros públicos de investigación del país, sino que también incluye una larga lista de intentos de intimidación política, reformas legales y recortes presupuestales que atentan contra las actividades científicas sustantivas y cotidianas —investigación, docencia, divulgación—, mismas que deberían poder conducirse libres de cualquier forma de presión política.

Los cambios arbitrarios y la imposición de cargos directivos atentan directamente con la autonomía de gestión y de organización de instituciones de educación superior. El tratar a los centros públicos de investigación como meras paraestatales, y a sus profesores e investigadores como burócratas, vulnera las libertades académicas propias de una democracia.

De manera más concreta, destacan los efectos de la austeridad presupuestal y la eliminación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, la cual redujo de manera significativa los recursos disponibles para proyectos de investigación y, por otro lado, afectó la capacidad de generar recursos propios en los centros de investigación. Por su parte, los cambios en los reglamentos y criterios en el Sistema Nacional de Investigadores han afectado y dejado en la indefensión a cientos de académicos.

En cuanto al marco normativo, Conacyt ha elaborado a espaldas de la comunidad científica, un proyecto de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que busca centralizar y otorgar una mayor discrecionalidad a la cabeza de un sector en el que, dada la naturaleza misma del quehacer científico, debería imperar la toma de decisiones dentro de cuerpos colegiados y sujetos a la evaluación entre pares.

Los cambios más recientes en el Programa Cátedras Conacyt han afectado los derechos laborales de cientos de jóvenes investigadores. Por un lado, se han reducido las becas para estudios de posgrado en el extranjero, mientras que por otro se han anunciado cambios inciertos en los programas de becas de posgrado en México. Todo lo anterior se traducen en un claro mensaje a las y los científicos y aspirantes a científicos: a quienes estudian ahora posgrados en el extranjero se les invita a que no regresen a México; a quienes estudian posgrados en México se les invita a que no busquen hacer carreras académicas; y a quienes trabajan hoy día en universidades y centros públicos de investigación se les invita a que mejor busquen dedicarse a otra cosa.

A lo largo de tres años, el Conacyt ha sido reacio al diálogo con distintos sectores de la comunidad académica nacional: investigadores, estudiantes, y trabajadores del sector. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se han presentado ya puntos de acuerdo para hacer comparecer a la Dra. María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt, para que explique y rinda cuentas de todos estos daños.