Las reglas del dinero a partidos

Uno de los aspectos más importantes de la propuesta oficial de reforma política, y acaso menos discutido, trata sobre reducir a rajatabla el financiamiento público a partidos políticos. En concreto, se propone la desaparición del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos y que estas prerrogativas sólo se destinen a los gastos de campaña.

Para aterrizar la propuesta, consideremos el financiamiento público para partidos políticos nacionales asignado por mandato constitucional en 2021. En total, en 2021 se destinaron 7 mil 317 millones de pesos como financiamiento público para los partidos políticos nacionales. De este monto, 5 mil 250 millones de pesos eran para actividades ordinarias y sólo mil 575 mdp eran para gastos de campaña. Esto quiere decir que la propuesta del Presidente de la República podría traducirse en reducir el financiamiento público a partidos en más de 70% en un año con elecciones legislativas.

¿Se destinan demasiados recursos del erario para subsidiar a partidos políticos? Hay varias formas de responder esta pregunta. Si sólo consideramos la proporción del Presupuesto de Egresos destinado a este fin, quizá no parezca ser tanto dinero —después de todo la gran mayoría de las democracias del mundo subsidian a sus partidos políticos—. Por otro lado, si consideramos otros rubros prioritarios de gasto o las carencias sociales del país, es posible que haya muchos otros rubros con mayor impacto social.

Sin embargo, para evaluar el impacto del financiamiento público a partidos también hay que considerar las reglas con las cuales se asignan estos recursos. De manera general, puede argumentarse que el financiamiento público es más importante para los partidos políticos de oposición, toda vez que los partidos en el gobierno tienen a su disposición el ejercicio del gasto público.

Considere un escenario hipotético: un mundo en el que ningún partido reciba financiamiento público y, encima de esto, se prohibiera cualquier tipo de gasto de campaña —digamos, por considerarlo socialmente inútil frente a otras necesidades sociales—. En este régimen hipotético es fácil imaginar que el principal beneficiario sería, justamente, el partido político en el poder. Si el escenario le parece descabellado considere que, por muchos años, los partidos de oposición simplemente no lograban hacerse de suficientes recursos para enfrentar al otrora partido hegemónico.

Para analizar el régimen de financiamiento electoral mexicano hay que considerar, más allá de los montos totales, las reglas que determinan los importes recibidos por cada partido político y los topes de gasto de campaña existentes.

En 2021, el tope de gasto de campaña para una diputación federal fue de 1,648,189 pesos. Esto quiere decir que, si algún partido hubiera deseado gastar hasta el máximo legal posible en los 300 distritos uninominales, hubiera requerido de al menos 494 millones de pesos.

Pues bien, ese mismo año, Morena recibió 2,127 millones de pesos de financiamiento público para actividades ordinarias y gastos de campaña, mientras que PAN y PRI recibieron 1,168 y 1,101 millones de pesos, respectivamente. Por su parte, MC, PRD, PT y PVEM recibieron más de 470 millones de pesos cada uno.

La primera conclusión que salta a la vista es que el partido en el gobierno recibió casi el doble de recursos públicos que sus dos principales competidores —¿cómo promueven estas reglas la equidad de la contienda?—. Pero estos mismos datos revelan que los principales partidos políticos reciben más financiamiento público del que pueden gastar legalmente en campañas federales.

Una de dos, o el financiamiento público a partidos es excesivo, o bien, los topes de gasto de campaña son demasiado bajos, o ambas cosas a la vez. El financiamiento público para partidos políticos es parte natural de muchas democracias y ha sido un factor clave de la transición democrática mexicana. Pensemos con cuidado las posibles consecuencias de reducirlo.