Estampas del nuevo régimen
El oficialismo ha rediseñado la Constitución a su antojo, con mínimo escrutinio legislativo
Este año hemos presenciado diferentes estampas de las complejidades inherentes a un gobierno sin contrapesos. Un gobierno unificado permite una mayor coordinación en ciertas políticas públicas. Por ejemplo, a lo largo de este año se ha observado cierta mejoría en los indicadores de seguridad pública, los cuales pueden interpretarse, así sea de manera preliminar, como una señal de que ha habido un cambio importante en la política pública de seguridad respecto al sexenio anterior. Otros más lo interpretan como evidencia de una mayor coordinación entre gobiernos locales y federal en materia de seguridad.
Lo que no puede hacerse, a la luz de esta evidencia, es defender tanto la política de seguridad de López Obrador como la de la Claudia Sheinbaum –cuando los resultados de una y otra están siendo distintos desde el primer año. Incluso cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la política de seguridad de la capital fue distinta a la del resto del país, donde López Obrador apostó por la militarización.
Las holgadas mayorías de la coalición gobernante en ambas cámaras del Congreso han permitido aprobar numerosas reformas constitucionales y legales a un ritmo acelerado. Tal es el caso de la reforma judicial en marcha, la extinción de organismos autónomos como el Inai o Coneval, o bien redoblar la apuesta para consolidar la militarización de la Guardia Nacional, al subordinarla al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante el primer año de gobierno, la coalición oficialista ha podido rediseñar la Constitución a su antojo con una mínima deliberación y escrutinio legislativo. Sin embargo, también es cierto que tuvieron que recurrir a un periodo extraordinario para aprobar de manera aún más expedita un paquete de reformas legales.
La presidenta Sheinbaum ha tenido mayor éxito impulsando su agenda legislativa, o al menos gran parte del plan C que le heredó su antecesor. Sin embargo, ¿puede decirse que se está legislando mejor que antes? ¿Puede decirse que contamos con un diseño constitucional más democrático? ¿Con una mayor rendición de cuentas o políticas públicas de mejor calidad? Difícilmente. El común denominador de las reformas aprobadas este año ha sido consolidar la concentración del poder, debilitar la separación de poderes y la rendición de cuentas.
En efecto, los gobiernos unificados permiten al Poder Ejecutivo impulsar sus agendas legislativas y políticas públicas con celeridad, pero esto no necesariamente se traduce en mejores gobiernos. Si tal fuera el caso, las décadas de gobiernos unificados bajo el régimen de partido hegemónico del PRI hubieran dado resultados distintos. Esto lo tenían muy claro cuando las y los morenistas que hoy gobiernan pertenecían a la oposición, pero una vez que llegaron al poder han actuado de modo similar a los gobiernos autoritarios del pasado.
Durante el sexenio pasado, la inversión pública masiva y el crecimiento económico observados en el sureste del país eran presumidos como timbres de orgullo. Finalmente, se nos decía, el gobierno había prestado atención a la región más rezagada del país. Una vez que concluyó la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, el desempeño económico del sureste vuelve a dejar mucho que desear: ni uno ni otro proyectos tendrán un gran impacto social, sino lo contrario.
Hoy sabemos, además, que el secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez –designado por Adán Augusto López cuando fue gobernador–, ha sido acusado por escandalosos vínculos con el crimen organizado y el grupo La Barredora. Difícilmente el senador Adán Augusto será traído a dar explicaciones, habida cuenta de la inmunidad que le ofrece su fuero. Sin embargo, resulta ineludible que, una de dos, o fue cómplice al designarlo, o fue negligente como gobernador, primero, y como secretario de Gobernación, después.
López Obrador invitó a Adán Augusto a su gabinete, y este designó al secretario de seguridad hoy prófugo. En un régimen democrático, los gobernantes deben hacerse responsables de sus designaciones y los resultados de sus gobiernos. ¿Habrá consecuencias?
