Estampas de la nueva hegemonía

Uno. En la asignación de diputaciones federales aprobada por el INE el 23 de agosto pasado, y ratificada por el Tribunal una semana más tarde, la bancada de Morena constaba de 236 curules, mientras que la del Partido Verde era de 77 asientos y la del Partido del Trabajo de 51, para sumar 364 o 72.8% de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, al instalarse la LXVI Legislatura, la bancada de Morena aumentó a 257 curules, gracias a la aparente generosidad del PVEM y PT, quienes aceptaron transferir 15 y cuatro de sus diputaciones al partido mayoritario, respectivamente. Gracias a este súbito acto de transfuguismo, Morena tendrá por sí solo una mayoría absoluta de la Cámara, y podrá presidir la Junta de Coordinación Política por tres años consecutivos, entre otras cosas. Una estrategia similar ocurrió en 2018. El Partido Verde, por su parte, ya no será la segunda bancada en la Cámara.

Si bien es cierto que es prerrogativa de cualquier legislador migrar de una bancada a otra, así como votar como gusten en el pleno, esta transferencia de curules es una evidencia adicional del uso de las coaliciones electorales para eludir los límites de sobrerrepresentación establecidos en la Constitución.

La Suprema Corte ha sentenciado que la transferencia de votos entre partidos coaligados es inconstitucional. Quizá valga la pena preguntarle si la transferencia de triunfos entre partidos coaligados o la transferencia de bancadas previa a la instalación del Congreso es o no constitucional.

Dos. Esta misma semana se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen de reforma judicial. Hay quienes dicen que aprobar esta reforma en los términos en que fue dictaminada por la Legislatura previa, es un mandato ineludible, porque fue una promesa durante las campañas electorales y se apoyó a mano alzada en numerosos mítines. Hay quienes dicen que sería una traición al electorado no aprobarla. ¿Será cierto?

En 2018, la campaña de Andrés Manuel López Obrador prometió que acabaría con la corrupción, que lograría un crecimiento económico superior al de los gobiernos neoliberales, y regresaría a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. No ocurrió ninguna de tales promesas, lo cual tampoco impidió al Presidente presumir una “misión cumplida”, incluso habernos dado servicios de salud superiores a los de Dinamarca frente a un Zócalo lleno de simpatizantes. Las promesas de campaña son así.

Tres. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, escribió en redes sociales que, si “a la presidenta o presidente lo elige el pueblo, al Poder Legislativo lo elige el pueblo. Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?”. Añadió que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial producirá “más democracia, más justicia, más libertad”, y que “habrá más y mejor Estado de derecho”.

Si el argumento fuera cierto, tendría que explicarnos ¿por qué no deberíamos elegir por voto popular a cientos de servidores públicos, al gabinete o a los generales de las Fuerzas Armadas? Con el mismo argumento, muchas de las principales decisiones de política pública deberían someterse a referéndum.

Si el argumento de la Presidenta electa fuera suficiente, también ayudaría a que nos compartiera alguna evidencia de que elegir ministros de un Tribunal constitucional mediante voto popular directo se ha traducido en más democracia, justicia o libertad en algún país del mundo. Ayudaría, también, que nos aclarara por qué muchas de las regresiones democráticas observadas en el mundo en décadas recientes han incluido un avasallamiento del Poder Judicial similar al que se discute en la nueva Legislatura con tanta prisa.

México no sería el primer país en recurrir retóricamente a definiciones simples de democracia para intentar justificar un burdo asalto a la separación de Poderes y la captura del Poder Judicial. Una democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría. Se requiere, además, garantizar y proteger los derechos humanos y mecanismos de control al gobierno en turno. No debería ser tan difícil de entender para quienes se presumen demócratas.