¿Contradicciones legítimas?

La reforma judicial rompió los récords previos y, sin embargo, hoy tal celeridad es motivo de orgullo del gobierno en turno.

No son pocas las contradicciones entre los argumentos esbozados por quienes defienden la reforma judicial aprobada la semana pasada en ambas Cámaras del Congreso, por una mayoría de legislaturas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre pasado.

Por años, se nos dijo que aprobar reformas constitucionales de gran impacto en tan sólo unos cuantos días era una clara señal del sometimiento del Legislativo a los deseos y caprichos del Ejecutivo en turno. Tal fue el caso de las reformas del así llamado “Pacto por México” aprobadas en 2013 y 2014. Es un argumento plausible que pone en duda la calidad de la deliberación democrática. Pues, bien, la reforma judicial de este año rompió los récords previos y, sin embargo, hoy tal celeridad es motivo de orgullo del gobierno en turno.

La reforma aprobada contiene serias contradicciones que no sólo harán sumamente compleja su implementación en menos de un año, sino que también crearon graves lagunas en la transición entre la Corte vigente con un pleno de 11 ministros y dos salas, y la nueva Corte que sólo tendrá un pleno de nueve ministros —pero nadie se tomó la molestia de notarlo a tiempo—. ¿Puede ser más eficiente tener una Corte con un pleno único y menos ministros?

Consideremos el argumento de que designar ministros mediante voto popular directo le dará mayor legitimidad democrática a la nueva Corte. Según esto, la elección directa es un mecanismo más legítimo o democrático que la elección indirecta utilizada en los últimos 30 años. ¿Será cierto? Vayamos por partes. ¿Quiénes propondrán la lista de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales? La Presidenta, ambas Cámaras del Poder Legislativo y un Poder Judicial languideciente. ¿Acaso los tres Poderes de la unión tienen suficiente legitimidad democrática para sugerir candidaturas a la Corte, pero no la suficiente para designarlos?

Ahora bien, ante el posible registro de cientos o miles de aspirantes —la vara de requisitos está bajita, por así decirlo—, la reforma prevé que un comité técnico depurará la lista de los aspirantes más idóneos. ¿Cuál será la legitimidad democrática de este comité? ¿Será mayor que la del Senado, quien hasta hace una semana le correspondía aprobar por mayoría calificada a algún integrante de las ternas propuestas del Ejecutivo?

Ahora consideremos la lógica de la renovación escalonada del pleno de la Suprema Corte. La lógica de la renovación escalonada es como sigue. A ninguna Legislatura le corresponde designar a la totalidad de la Suprema Corte. En cambio, la renovación escalonada permite que cada mandatario y cada legislatura pueda designar sólo a una parte del pleno de la Suprema Corte, pero no a la mayoría. De este modo se impide que el Ejecutivo y una misma Legislatura puedan designar a una mayoría de ministros favorables a sus intereses. Así, corresponde a las y los ministros designados por legislaturas pasadas el vigilar que los mandatarios entrantes cumplan con su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución vigente al momento de rendir protesta.

Una nueva legislatura siempre podrá reformar la Constitución y también podrá designar algunos nuevos ministros, pero no la mayoría. Los ministros en funciones  hoy —incluyendo cinco designados por el Presidente saliente—, cuentan con la legitimidad de las legislaturas del pasado que los designaron.

La reforma aprobada permite que una sola Legislatura, en mancuerna con la Presidenta, pueda influir decisivamente en la integración de toda la Corte, así la de todos los tribunales y juzgados federales. ¿Acaso la LXVI Legislatura tiene más legitimidad que las del pasado? ¿Cómo puede tener tanta legitimidad como para destituir a todos y cada uno de los ministros, magistrados y jueces, pero no tener suficiente legitimidad para designar a los nuevos? Si el gobierno nuevo pretende acabar con la corrupción y puede reformar la Constitución a su gusto, ¿por qué necesita reemplazar a toda la Corte? Si un gobierno buscara contar con máxima impunidad, ¿intentaría reemplazar a todos los ministros, o sólo una parte?

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