Campañas judiciales

Existe un amplio desinterés por participar.

Han iniciado las inéditas campañas electorales del Poder Judicial. Desde el pasado 30 de marzo y hasta el 28 de mayo, miles de candidatas y candidatos a cargos judiciales locales y federales harán su mejor esfuerzo por darse a conocer entre el electorado. Tan sólo a nivel federal se elegirán 881 cargos para los cuales se registraron tres mil 423 candidaturas.

Hay numerosos factores en su contra. Por un lado, existe un amplio desinterés por participar en un proceso electoral extraordinario e inédito y, por el otro, hay gran desinformación sobre la trascendencia de los cargos a elegir y, sobre todo, sobre los perfiles y aptitudes de las candidaturas registradas.

Las campañas tendrán serias limitaciones. En primer lugar, ni los partidos políticos ni los servidores públicos podrán apoyar públicamente a ninguna candidatura. En segundo lugar, no habrá financiamiento público y está prohibido recibir financiamiento privado. Por último, está prohibida la contratación de anuncios espectaculares —aunque sabemos que de un tiempo a esta parte ha habido gran tolerancia a estas irregularidades— ni espacios en radio y televisión.

No suena mal que los partidos políticos estén impedidos de participar. Sin embargo, la reforma judicial estableció que el partido en el gobierno postulará a dos tercios de las candidaturas registradas, ya sea con el apoyo del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Un tercio de las candidaturas provienen del Poder Judicial.

Sin embargo, muy pocos jueces en funciones eligieron someterse a las urnas, habida cuenta de que la reforma estuvo diseñada para removerlos. No es casual ni accidental que sólo tres ministras de la Suprema Corte se registraron como candidatas, y que se trata de las que tienen el más claro sesgo partidista u oficialista.

Más allá de esto, existen otras dificultades. A diferencia de las elecciones ordinarias, en las cuales basta marcar un logotipo partidista, en esta ocasión se utilizará un sistema de listas abiertas. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá votar por cinco mujeres y cuatro hombres de entre 64 candidaturas registradas. Y en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial —un organismo completamente nuevo y cuya propia naturaleza contradice las nociones básicas de independencia judicial—, se deberá votar por tres mujeres y dos hombres de entre 38 candidaturas.

Suele decirse que se trata de una elección compleja. Sin duda lo será. Por principio de cuentas, desde el punto de vista del votante será muy complejo poder realizar un voto informado. Y desde el punto de vista de la organización, realizar el cómputo y escrutinio de una elección con listas abiertas también es sumamente complejo. Basten dos ejemplos: si se pide votar por cinco de 33 candidatas a ministra de la Suprema Corte, existen 237 mil 336 diferentes formas válidas de votar. Por ello, el escrutinio de los votos no se realizará en las casillas cuidadas por ciudadanos invitados al azar, sino en las oficinas distritales del INE y los OPLE.

Una forma sencilla de facilitar y transparentar todo este proceso hubiera sido utilizar urnas electrónicas, incluso votar por internet. Ninguna de las opciones fue considerada. De hecho, el INE cuenta con el menor presupuesto en su historia para organizar una elección nacional.

Se antoja muy difícil que haya una participación nutrida en un proceso tan complejo, lo cual limitará la legitimidad y la independencia del nuevo Poder Judicial. La otra mitad de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito serán votados en la elección federal de 2027. En ese año habrá una mayor participación electoral, pero las campañas partidistas influirán en todo el proceso ineludiblemente.

En Bolivia, a Evo Morales también le incomodaba la Corte, y es de los pocos países con elecciones judiciales similares a las de este año en México. En las elecciones judiciales de 2011 en aquel país hubo 43% de voto nulo y 15% de voto en blanco, una clara señal de protesta e inconformidad con el proceso general. En 2017 hubo 51% de votos nulos y 14.8% votos en blanco. ¿Ocurrirá algo similar aquí?

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