Avasallar al Poder Judicial
No hubo el mínimo intento de negociar con la oposición en aras de lograr un consenso más amplio. Persuadieron, es un decir, a un senador opositor y tuvieron la fortuna, es otro decir, de que otro no llegara al pleno
Esta semana se aprobó en el Senado la reforma constitucional al Poder Judicial. Con un quórum completo de 128 senadores, la reforma requería, por lo menos, 86 votos para conseguir una mayoría calificada. Sin embargo, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo sólo contaba con 85 escaños. Por momentos hubo senadores del oficialismo que llegaron a sugerir que quizá bastaban 85 votos, desafiando la aritmética más elemental y los precedentes legislativos.
La cámara revisora no modificó ni una coma de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. No hubo el mínimo intento de negociar con la oposición en aras de lograr un consenso más amplio. Persuadieron, es un decir, a un senador opositor y tuvieron la fortuna, es otro decir, de que otro no llegara al pleno. Al final de cuentas, la reforma consiguió 86 votos a favor, 41 en contra y un senador ausente.
La Constitución mexicana ha sido reformada en numerosas ocasiones, quizá demasiadas. Sin embargo, en muy pocas ocasiones con mayorías tan apretadas. A lo largo de nuestra joven vida democrática, ninguna reforma así de trascendente había sido aprobada sin contar con el consenso de, al menos, una parte de la oposición.
A diferencia de la reforma judicial de 1994 o la reforma política de 1996 o de 2014, la nueva legislatura comienza mostrando una nula disposición a dialogar y negociar hasta lograr una reforma que mejore la impartición de justicia del país con el más amplio consenso. El mandato fue imponerse y aprobar la reforma deseada por el Presidente saliente al costo que fuera.
Desde que se presentó la iniciativa presidencial de reforma constitucional, el pasado 5 de febrero, ni el mandatario ni sus legisladores y voceros fueron capaces de explicar o motivar con mínima claridad por qué era necesario destituir y remover de tajo a todos los ministros, magistrados y jueces del país; por qué debía abandonarse la renovación escalonada de la Suprema Corte, así como décadas de carrera judicial, ni de explicar por qué la designación de jueces y ministros mediante el voto directo sería un método preferible al existente o al de otras alternativas posibles.
A juzgar por sus consecuencias mediatas e inmediatas, la reforma judicial aprobada esta semana desmantelará un Poder Judicial lleno de problemas —¿cómo negarlos?—, pero no para mejorarlo o fortalecerlo, sino para controlarlo y avasallarlo. La reforma aprobada reducirá a su mínima expresión la separación de poderes y los contrapesos a un gobierno con abultadas mayorías legislativas: el Presidente saliente, la Presidenta entrante y su partido tendrán un aparato de justicia a modo.
Hay quienes pretenden justificar el atropello con el argumento simplista de que la votación directa producirá, ineludiblemente, una mejor Corte. Sin embargo, un juez no es ni debe ser un representante popular. Como explica Julio Ríos, politólogo experto en Poder Judicial y constitucionalismo, en su libro Poder Judicial y democracia (2022): “En las democracias constitucionales contemporáneas existen dos principios de legitimidad que se complementan: el principio de legitimidad basado en la representación de las y los ciudadanos, en quienes reside la soberanía —el cual justifica el Poder Legislativo y el Ejecutivo—, y el principio de legitimidad basado en la deliberación constitucional —el cual justifica el control constitucional—”.
Las consecuencias de esta reforma son graves y preocupantes. Para Roberto Gargarella, especialista en derecho constitucional, la reforma judicial ha sido “ilegal en términos procedimentales” y “abusiva en términos democráticos”, toda vez que las reformas a las reglas fundamentales de una democracia constitucional “requieren del máximo cuidado: no pueden basarse en el silencio y la persecución de oponentes”. En palabras de Gabriel Negretto, experto en política comparada y diseño constitucional, en México “estamos viendo, en tiempo real, la transición de una democracia electoral de baja calidad a un régimen autoritario, quizás competitivo por algún tiempo”. Por desgracia, hay quienes quieren llamarle “normalidad democrática” a una reforma regresiva.