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Autonomía y renovación escalonada

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Como han comentado diversos expertos y analistas, el aspecto más preocupante de la iniciativa de reforma política presentada por el Presidente de la República es el “borrón y cuenta nueva” de todos los árbitros electorales del país, así como la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales. Como he sostenido en este mismo espacio, la renovación escalonada de estos cuerpos colegiados y el respeto al periodo de las designaciones ocurridas en años recientes, son un aspecto fundamental de la autonomía de los órganos electorales. Si se vulnera la autonomía de los árbitros electorales, se lastima nuestra democracia.

Por desgracia, esta preocupación no es infundada ni novedosa. Desde el Consejo General del Instituto Federal Electoral que tuvimos entre 1997 y 2003, presidido por José Woldenberg, ningún consejo del instituto ha tenido una renovación libre de interrupciones. Baste recordar que el consejo general del IFE designado en 2003 fue reemplazado mediante la reforma de 2007.

Entre 2010 y 2011, ante la falta de acuerdos políticos necesarios, el Consejo General del IFE se quedó con tres designaciones pendientes, por lo que, por un espacio de poco más de un año, tuvo que sesionar con sólo seis de sus nueve consejeros. La integración completa del Consejo General del IFE ocurrió hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en una sentencia que la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados atendiera, como un “asunto de urgente resolución”, la designación de consejeros generales del IFE (SUP-JDC-12639/2011, 30-nov-2011). María Marván, Sergio García y Lorenzo Córdova fueron designados el 15 de diciembre de 2011, es decir, cuando ya estaba en marcha el proceso electoral para la elección presidencial de 2012.

Más adelante, la renovación escalonada del IFE también se vio interrumpida en octubre de 2013. Entre octubre de 2013 y abril de 2014, el Consejo General del IFE se quedó solamente con cuatro de nueve consejeros y una presidencia rotativa. Originalmente, la propuesta de reforma política de 2014, misma que daría pie a la creación del Instituto Nacional Electoral, contemplaba la renovación total del consejo.

Una vez lanzada la convocatoria para designar a once consejeros y consejeras del nuevo INE, los cuatro consejeros del IFE fueron invitados a participar. De no haber ocurrido esto, hubiera habido un “borrón y cuenta nueva” en la integración del Consejo General del INE, tirando por la borda la experiencia acumulada por los consejeros del extinto IFE y vulnerando la autonomía del Instituto Electoral.

Este año, otra vez por falta de acuerdos, desde abril pasado están pendientes designaciones en cada una de las cinco salas regionales del TEPJF y en diecisiete tribunales electorales. Claramente, estas designaciones pendientes también vulneran la autonomía e independencia de los tribunales. Algo similar sucede con dos comisionados del Inai y más de veinte designaciones públicas en diversos cuerpos colegiados, por cierto.

De acuerdo con el marco legal vigente, para abril de 2023 deberán renovarse cuatro de once consejeros(as) del INE, incluyendo la presidencia del instituto. En noviembre del próximo año deberán renovarse dos de siete magistraturas en la Sala Superior del TEPJF. En el caso del INE, para evitar algo como lo ocurrido en 2011, la ley contempla como salvaguarda un escenario límite en el que la Suprema Corte designaría consejeros electorales por insaculación. ¿Pero qué sucedería si la convocatoria no se abre a tiempo en San Lázaro? ¿Qué impide que la parálisis en las designaciones observadas hasta ahora en el Senado alcance a la Sala Superior del Tribunal Electoral?

Si las negociaciones por la reforma político-electoral fracasan y las convocatorias para renovar la integración de los árbitros electorales se posponen, es posible que el próximo proceso electoral federal inicie con sólo siete de once consejeros electorales y cinco de siete magistraturas. Ojalá que esto no ocurra.

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