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Autonomía judicial

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Por otro lado, las cortes y tribunales resuelven los casos que le son presentados con cierta discrecionalidad: los jueces pueden modificar, ampliar o acotar el alcance de las leyes al interpretarla de diferentes formas, o bien ordenar sentencias de mayor o menor alcance. En la práctica, la discrecionalidad del Poder Judicial le permite legislar a golpe de sus sentencias e interpretaciones.

El poder discrecional de las cortes está acotado por diversas vías: los casos que le son presentados, la letra misma de las leyes y la respuesta de los otros poderes ante sus sentencias. En un caso extremo, si una corte se extralimitara, el Legislativo siempre puede redactar nuevas leyes que anulen la interpretación incómoda o incluso disolver o reemplazar a la corte misma.

¿Cómo debe interpretar las leyes un juez constitucional? Hay quienes dicen que los jueces deben interpretar de manera literal el lenguaje de las leyes. Otros dicen que la ley debe interpretarse de acuerdo con las intenciones originales del legislador. Otros más argumentan que las cortes y tribunales deben interpretar la ley de modo tal que sirvan al interés público o que incluso respondan a la opinión pública mayoritaria. Por último, otra postura es que los jueces mostraran cierta deferencia por las preferencias del Ejecutivo o la Legislatura en turno. Sea cual fuere la forma en que cortes y tribunales deciden interpretar las leyes o resolver conflictos, sus sentencias pueden verse como decisiones políticas con ganadores y perdedores claros.

Esta larga introducción viene a cuento porque, en un escenario de gobierno unificado, en el que el partido o coalición gobernante cuenta con mayoría en ambas Cámaras, el papel de las cortes y tribunales como contrapeso del Ejecutivo cobra mayor relevancia. Sin embargo, a decir de expertos en el análisis político del poder judicial, como mi colega Julio Ríos: a menor fragmentación del poder, puede esperarse una menor discrecionalidad de las cortes, y viceversa. Así, un gobierno unificado puede reaccionar más fácilmente contra un Poder Judicial incómodo.

Cito al vuelo tan solo algunos escenarios posibles. Si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación deja fuera a ciertas fuerzas políticas, podría ser materia de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya ocurrió en 2004. Frente a las medidas de austeridad anunciadas, la Corte podría pronunciarse y resolver si los ministros mismos —u otros servidores de órganos autónomos— pueden ganar más que el primer mandatario. Llegado el caso, también podrían pronunciarse sobre el papel de los así llamados superdelegados estatales y resolver si éstos invaden o vulneran de alguna forma el pacto federal. Y un largo etcétera.

Por su parte, el TEPJF también tendrá frente a sí la posibilidad de enfatizar su autonomía e independencia frente al Ejecutivo, o bien resolver las numerosas controversias de cada proceso electoral de manera complaciente con el gobierno entrante. La más reciente sentencia sobre el Fideicomiso Por los demás, promovido personalmente por el entonces candidato presidencial de Morena antes y durante su campaña, es preocupante desde diversas aristas como bien han señalado expertos como Sergio López Ayllón o Jacqueline Peschard. Exonerar lisa y llanamente al partido en el gobierno de una sanción de 197 millones de pesos impuesta por el INE va a contrapelo de la legislación electoral y vulnera el sistema de fiscalización vigente. Por desgracia, no es la primera vez que el Tribunal se muestra complaciente con partidos en el gobierno: tan sólo en 2017, el PRI fue beneficiado en entidades como Coahuila y Estado de México; años atrás, el Partido Verde fue beneficiario de millonarias exoneraciones. Si el Poder Judicial no defiende en los hechos la autonomía e independencia de sus decisiones, debilitará nuestra joven y quizás endeble democracia constitucional.

 

Profesor-investigador del CIDE

javier.aparicio@cide.edu

 

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