La transición democrática mexicana se construyó a partir de una secuencia más o menos afortunada de elecciones cada vez más reñidas o controversiales, seguidas de reformas electorales. Hay quienes insisten en negar que tal transición en realidad ocurrió, pero basta comparar los procesos, reglas y resultados de las elecciones presidenciales de 1988 con las de 2018 para dar cuenta del camino avanzado.
Sin embargo, una de las señales más claras de que la transición en México no alcanzó a traducirse en una consolidación democrática es la falta de consensos en torno a las reglas de la competencia electoral o la designación de los árbitros electorales. Uno tras otro, los gobiernos democráticos han intentado reformar las reglas del juego político.
Durante el periodo de gobiernos divididos, entre 1997 y 2018, se aprobaron diversas reformas electorales mediante la construcción de acuerdos multipartidistas. Sin embargo, en los últimos años se han intentado implementar reformas electorales sin buscar el consenso de la oposición. Desde 2022 a la fecha se han presentado tres iniciativas de reforma constitucional en materia electoral que han sido rechazadas en una u otra cámara del congreso. Tras el fracaso de su iniciativa constitucional, el presidente López Obrador presentó una reforma a las leyes secundarias que a la postre también sería invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó dos iniciativas de reforma constitucional que fueron rechazadas en su porción más sustantiva.
Algo similar puede decirse del Poder Judicial. En 2020, durante el sexenio de López Obrador se aprobó una reforma constitucional en materia judicial que, a decir de promotores como Arturo Zaldívar, prometía resolver los principales problemas de la impartición de justicia. No obstante las bondades prometidas entonces, en otoño de 2024 se aprobó una nueva reforma judicial con la que se implementaría una purga total al Poder Judicial y avasallaría. Hoy estamos mucho más lejos de contar con un Poder Judicial autónomo e independiente que durante las dos décadas pasadas.
Una vez que fueron rechazadas las dos iniciativas de reforma constitucional presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante marzo, la Cámara de Diputados abrió la convocatoria para designar tres integrantes del Consejo General del INE.
El procedimiento para renovar de manera escalonada el Consejo General del INE fue diseñado en un contexto de gobiernos divididos o, en el peor de los casos, congresos fragmentados. El artículo 41 constitucional ordena la conformación de un Comité Técnico Evaluador de las y los aspirantes al INE. Por desgracia, tanto la experiencia de la convocatoria de 2023 como los inverosímiles comités evaluadores de la elección judicial, han demostrado cuán vulnerable es este mecanismo cuando estos Comités están integrados mayoritariamente por simpatizantes oficialistas.
Hasta 2024, los Comités Técnicos para designar a consejeros en el INE tenía siete integrantes: tres propuestos por la Cámara de Diputados, dos propuestos por el Inai y dos más propuestos por la CNDH. Tras la extinción del Inai, el Comité Técnico solamente cuenta con cinco integrantes. El avasallamiento de la CNDH y la mayoría oficialista en la Cámara se traducen en que el Comité Evaluador esté dominado por simpatizantes oficialistas.
Al final de este proceso, Morena habrá podido designar a los 11 integrantes del Consejo del INE. En 2020, la coalición de Morena eligió unilateralmente a cuatro nuevos consejeros. En 2023, la coalición gobernante no contaba con una mayoría calificada y, antes que negociar alguna designación con las fuerzas partidistas, se designaron tres consejerías y la presidencia del INE mediante una tómbola. Hoy la coalición Morena-PT-PVEM cuenta con mayoría calificada para