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Árbitros bajo amenaza

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Amenos que la oposición no intente sabotearse a sí misma, posibilidad no desdeñable en este país, se antoja difícil que se aprueba la propuesta presidencial de remover a todos los consejeros y magistrados electorales del país y, a su vez, desaparecer a todos los órganos públicos locales y tribunales electorales estatales. 

Surge entonces la pregunta: ¿para qué presentar o llevar al pleno una iniciativa de reforma constitucional que, de entrada, parezca tener muy pocas probabilidades de ser aprobada? Una primera respuesta posible, misma que ya comentamos en este espacio, sería que cualquier iniciativa de reforma puede usarse como instrumento de propaganda a favor de sus proponentes o, como en este caso, el partido en el gobierno. Por ejemplo, para identificar a potenciales traidores a la patria, enemigos del régimen o adversarios del cambio verdadero. 

Sin embargo, ésta no es la única posibilidad. Otra posible respuesta es que una iniciativa de reforma de tal impacto puede utilizarse para enviar un mensaje a sus potenciales destinatarios: una paloma mensajera —de esas que el Presidente de la República prometió, al inicio de su mandato, que no ocurrirían a lo largo de su gobierno—. 

No sería la primera vez en que algo así ocurriera. En abril de 2019, al inicio del sexenio, el Presidente desayunó chilaquiles con el senador Ricardo Monreal. Al día siguiente conversó con el ministro presidente Arturo Zaldívar. Al tercer día, el senador Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar el pleno de la Suprema Corte de once a dieciséis ministros para, supuestamente, facilitar la carga de trabajo de la Corte y que hubiera una sala especializada en el combate a la corrupción. La iniciativa no llegó a ningún lado, pero ¿qué tipo de mensaje se estaba mandando? ¿Que la Corte no estaba combatiendo debidamente la corrupción? ¿Que esa reforma podría ser aprobada si la corte no cooperara amistosamente con el Ejecutivo? 

Volviendo a las autoridades electorales, baste recordar que en 2020 circularon iniciativas de reforma o propuestas para remover al consejero presidente del INE. Hoy, el Presidente de un gobierno con mayoría en ambas Cámaras y un creciente número de gubernaturas manifiesta que los árbitros electorales no son confiables y son sospechosos de ser parciales, y se propone la remoción y renovación sexenal de todos los consejeros y magistrados. 

 La iniciativa vulnera gravemente la autonomía constitucional de las autoridades electorales y tira por la borda las bondades de una renovación escalonada de consejos y tribunales para hacer un borrón y cuenta nueva. De nuevo, luce difícil que una reforma de tal magnitud y trascendencia pueda ser aprobada por la oposición pero, entonces, ¿qué mensaje se está enviando a las autoridades electorales de todo el país? 

 ¿Con cuánta autonomía pueden trabajar el INE y/o los organismos públicos locales electorales (OPLE) de las seis entidades con procesos electorales en marcha este mismo año cuando la iniciativa de reforma electoral del presidente propone su extinción inmediata? ¿Cómo actuaría la SCJN si, al tiempo en que ésta debe resolver controversias clave, el Ejecutivo presentara una iniciativa de reforma constitucional para remover a toda la Corte y a toda la Judicatura? 

De acuerdo con la Constitución vigente, el próximo año toca renovar a cuatro consejeros electorales del INE, incluyendo el consejero presidente. Con esa renovación, a lo largo de este sexenio el partido con mayoría en las Cámaras habría podido participar en la designación de ocho de 11 consejeros electorales del INE y un gran número de magistrados. ¿Acaso no basta la renovación escalonada para que el presidente confíe más en los árbitros electorales? ¿La amenaza de remover a los árbitros electorales atenta contra la democracia? Piense bien su respuesta. 

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