Corrupción

¿Por qué nuestra transición democrática no se ha traducido en un combate más frontal a la corrupción? ¿Por qué los funcionarios públicos corruptos no acaban en la cárcel? Se me ocurren dos posibilidades: la versión optimista es quizá que aún somos una democracia joven y esto es cuestión de tiempo. Después de todo, las casas de muchos gobernantes y exgobernantes ya no son tan grandes como las de Arturo Durazo, jefe de la policía en el DF entre 1976 y 1982. Quizá los despilfarros que parecían normales con López Portillo ahora serían todo un escándalo. Quizá todo es cuestión de tiempo, o de la impaciencia de la sociedad civil.

La versión pesimista es que los políticos que han llegado al poder después de la alternancia se sienten igual de cómodos con la corrupción y el tráfico de influencias como los políticos del antiguo régimen. Todos dicen querer combatir la corrupción, pero lo cierto es que les conviene mucho más su permanencia. Si la competencia electoral entre partidos políticos no permite que ningún partido enarbole la lucha contra la corrupción como plataforma de campaña, algo anda mal con el sistema de partidos.

¿Por qué no son públicas las declaraciones patrimoniales de nuestros gobernantes, como en otros tantos países? Un día después de dar a conocer su gabinete en diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines publicó la lista completa de sus bienes personales: una casa en la Ciudad de México, un rancho en Veracruz, un auto marca Lincoln modelo 1948, el coche de su esposa, mobiliario y sus ahorros en el banco. También exigió a su gabinete que hicieran lo mismo. Según el libro de Esperanza Toral, Primero las bases: Biografía de Adolfo Ruiz Cortines, el Presidente tardaría un año en mudarse a Los Pinos porque la residencia le parecía “ostentosa y escandalosamente grande”.

El título cuarto de la Constitución trata “De la responsabilidad de los servidores públicos”, pero sus disposiciones poco decían de las responsabilidades administrativas de los funcionarios. Fue hasta el 31 de diciembre de 1982 —año terrible, por cierto— que se publicó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En marzo de 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, esta ley fue sustituida en gran medida por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta ley se ha reformado diez veces. Quizá es tiempo de una nueva reforma a ésta.

De un tiempo a esta parte la cobertura mediática sobre Iguala ha dejado lugar a la cobertura sobre corrupción y posibles conflictos de interés en las más altas esferas del gobierno. La indignación sobre la tragedia de Iguala produjo un buen número de marchas y protestas. Sospecho que los escándalos por corrupción no producirán el mismo número de marchas y protestas. Para que ello no ocurra, la presión sobre este importante tema debe seguir creciendo en los medios, en las voces de oposición dispuestas a arriesgarse a cambiar el statu quo y, sí, también en la sociedad civil.

Una propuesta sencilla, pero de muy fácil implementación es que medios y sociedad civil exijan a los candidatos a diputado federal —o cualquier otro cargo de elección popular a nivel local— hacer pública su declaración patrimonial durante las campañas electorales que están por iniciar. Los candidatos que las hagan públicas podrán a su vez presionar mediante campañas negativas a quienes no las revelen. La ley vigente no los obliga a ello, como tampoco obligaba al presidente Ruiz Cortines en su momento. La sociedad debe exigirlo y presionar a quienes no estén dispuestos a transparentar el origen de su patrimonio. Si el gobierno no sabe o no quiere responder a las demandas de los ciudadanos, los ciudadanos deben enseñarle al gobierno a hacerlo.

                Twitter: @javieraparicio