¿Por qué no hay medicamentos?

Uno de los boletines reciclables en sexenios anteriores en IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud era el que atribuía a los funcionarios en turno el compromiso de alcanzar el 100 por ciento en el surtido de las recetas. Había otro comunicado de cajón en el que se reconocía un grave pendiente de entre cinco y 10 por ciento en el abasto.

Aquellas declaraciones no estaban exentas del maquillaje de cifras. Pero había el pudor de reconocer el faltante.

Hoy, cuando el gobierno no ha logrado gastarse ni siquiera la mitad de los 100 mil millones de pesos destinados a las compras que se realizarían a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), pasma la negación que las autoridades tienen sobre este problema que irá de mal en peor mientras no se reconozca que la ruta tomada fracasó.

Porque no se trata del retraso de los tratamientos oncológicos solamente. Ni de una falla personal que pueda resolverse con el relevo del subsecretario López-Gatell o con una comparecencia del titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, quien lleva un año sin concretar las adquisiciones en el extranjero.

“De nada sirvió que se le hayan transferido más de 70 mil millones de pesos de forma extraordinaria porque persiste la escasez de medicamentos”, señaló la diputada Ángeles Ayala Díaz (PAN) al recordar que los recursos del fondo para pagos catastróficos del desaparecido Seguro Popular fueron canalizados al Insabi. 

Fabiola Loya, coordinadora de los diputados de MC, alertó que, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, diariamente seis de ellos pierden la batalla. Sus casos se suman a los más de 25 mil reportes de falta de medicamentos registrados en los últimos dos años por la plataforma Cero Desabasto.

Estamos ante un socavón de la política pública que el Congreso contribuyó a perforar cuando sus mayorías oficialistas asumieron el diagnóstico gubernamental de que las farmacéuticas y las distribuidoras eran un oligopolio que se burlaba del Estado imponiendo sobreprecios y condiciones. Y fue cancelado ese sistema, en octubre de 2019, para dar paso a las compras consolidadas que conduciría Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.

Pero el talento de la ahora titular del SAT, quien ha logrado cazar con éxito a millonarios evasores del fisco, no alcanzó para concretar la pedagogía presidencial contra empresarios y funcionarios que se habían beneficiado del abuso.

Y ante la destrucción del mecanismo de licitación, compra y reparto que el gobierno de Peña Nieto dejó en marcha, en plena pandemia, hace un año vino una reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público para efectuar en el extranjero lo que aquí se enredó.

Al final de este mes se cumplirá un año de esa medida y, al 27 de mayo, de las 2 mil 400 claves de material de curación y medicamentos de patentes que iban a adquirirse, sólo se habían adjudicado 730 claves, según se detalla en un documento de la Comisión de Salud del Senado.

Se trata de un punto de acuerdo dirigido a las secretarías de Hacienda y Salud, Insabi y Cofepris solicitando información sobre el desabasto en general, las compras a través de la UNOPS y las deficiencias en el esquema de vacunación infantil, situaciones documentadas en sus respectivas propuestas por las senadoras del PRI, Sylvia Beltrones y Verónica Martínez; Lilly Téllez y Esthela Villarreal, del PAN; y Geovana Bañuelos, del PT.

Pero a pesar de contar con evidencias, los legisladores de Morena siguen en la estrategia de contener los reclamos. “No interrumpamos al doctor Gatell”, alegó este martes, en un argumento de caricatura, la diputada Ángeles Huerta ante la convocatoria de la senadora panista Xóchitl Gálvez de que la Comisión Permanente, sede del Congreso, debía hacerle un llamado al subsecretario por sus obscenas declaraciones sobre las protestas de los padres de niños sin tratamientos oncológicos y diseñar una salida ante su escasez.

Más allá de las anécdotas defensivas, a casi la mitad del sexenio, los representantes afines al gobierno ya no pueden desentenderse del Frankenstein que armaron ni seguirle echando la culpa al pasado, ese cómodo refugio de las instancias oficialistas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que prefiere hurgar en viejos expedientes que atender las 552 quejas por desabasto que ha recibido.  

Pero Ricardo Monreal, Martí Batres, Malú Micher, quienes han puesto sus oficios políticos al servicio de patear el bote para cuidar la narrativa presidencial de todo está bajo control, deben saber que esta carencia puede convertirse en el emblema de una transformación fallida que, en aras de extirpar el tumor de la corrupción en el sistema de salud, terminó mutilándolo.  

Claro que el desabasto era un problema. Hoy, sin embargo, es una tragedia.