Normalizamos abuso, indiferencia y persecución

Centrado en satanizar el pasado, el discurso oficialista avanza en el deliberado proceso de normalización del abuso de poder, la indiferencia a las víctimas del crimen y la persecución a la prensa.

2025 concluye confirmando el desinterés ciudadano en torno a situaciones que antes lograron frenarse con la presión social hacia autoridades injustas o indolentes.

Hoy, ninguna protesta consigue la rectificación de quienes desde el poder gubernamental incumplen derechos laborales, desoyen gritos de auxilio o aplican cárcel contra sus críticos.

Mientras se anuncia que, después de 18 años de huelga, al fin mineros sonorenses recibieron su liquidación, a 75 servidores públicos del extinto IFT se les niega la suya.

Se trata de una responsabilidad de la recientemente creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que, se supone, realizará las tareas del enterrado IFT.

Y es que la extinción de ese organismo dejó en el limbo a trabajadores de mando contratados bajo la figura de libre designación que realizaban funciones operativas y administrativas.

Esta injusticia se dio después de falsas promesas y de acuerdos incumplidos por el CRT, ignorando el decreto que enterró a los autónomos y que prometía respetar los derechos laborales.

“El llamado es urgente: rectificar, cumplir la Constitución y evitar que la austeridad se convierta en desamparo de los extrabajadores. La defensa de los derechos laborales y la justicia social no deben ser selectivos”, piden los afectados.

Los exservidores públicos recuerdan que en el finado Inai sus colegas de libre designación sí fueron indemnizados por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

Pero con la treta de que en el IFT firmaron su baja definitiva para cobrar el seguro de separación, los extrabajadores son burlados por la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez, quien faltó a su palabra asegurándoles que ya tenía la autorización de la Secretaría de Hacienda para liquidarlos.

Vayan a los tribunales a litigar, les dicen en el CRT a los inconformes tras el portazo, el mismo que en los ministerios públicos reciben las buscadoras como Brenda Valenzuela.

La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, duranguense de 21 años que despareció el 4 de octubre en un bar de Mazatlán, lanzó esta Navidad un grito de auxilio que cimbra por la crudeza de su orfandad.

Dirigiéndose a su hijo y a sus captores, Brenda expuso: “Hoy se dice que quienes te tienen son personas que actúan fuera de la ley. Debo decirlo con el corazón en la mano: temo más que nunca por tu vida, porque las autoridades que juran protegernos han sido indolentes, distantes e inhumanas. En lugar de justicia, sólo he encontrado más preguntas que respuestas.

“Mi ruego más profundo ya no se dirige a quienes tienen un uniforme, sino a quienes tienen tu vida en sus manos. Porque hoy, paradójicamente, confío más en la humanidad que pueda existir en ustedes que en aquellos que deberían ser garantía de verdad y de búsqueda”, contó la madre en redes sociales.

Su testimonio retrata la falta de escucha en fiscalías cobijadas por la normalización del dolor.

Pero ay de aquél que contradiga la epopeya oficialista, documente historias de autoridades negligentes o su complicidad con la delincuencia. A esos atrevidos les espera la prisión.

Y no es metáfora: en las últimas horas atestiguamos detenciones que podrían haber sido contadas por Milán Kundera en sus cuentos sobre el autoritarismo maquillado de socialismo.

Rodolfo Ruiz, director del periódico digital e-consulta, fue vinculado a proceso penal en respuesta a las acusaciones del gobierno de Puebla de lavado de dinero, antecedidas de quejas por el registro crítico del medio.

No sería la primera vez que los servicios tributarios son utilizados para extorsionar, chantajear, acosar y perseguir a periodistas. Ahí está lo padecido por Ciro Gómez Leyva, un abuso del que da cuenta en su libro No me pudiste matar.

Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca en Veracruz, fue detenido en plena Navidad en Coatzacoalcos, acusado de terrorismo y de actuar contra las instituciones de seguridad pública.

El abuso de poder queda de manifiesto cuando autoridades locales acusan de tal gravedad a un periodista cuando hace dos semanas el gobierno federal descartó que el coche bomba de Michoacán —que dejó cinco muertos— fuera un acto terrorista.

Con el silencio cómplice de las máximas autoridades del país, al cierre de 2025 experimentamos, como lo señaló ayer Artículo 19, un aumento sin precedentes del acoso judicial contra periodistas y medios.

Y aunque se tapen los oídos, creyendo que la normalización del autoritarismo será eterna, y pretendan callarnos, con los colegas de esa organización decimos: “¡Es crucial entender esta amenaza a la libertad de prensa!”.