¡Fuera máscaras! 

Un balance de los jaloneos observados en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, permite afirmar que ninguno de los llamados contrapesos del Ejecutivo Federal cuenta ahora con la capacidad de convertirse en tal cosa.

En el caso del Poder Judicial, más allá del sospechoso y prematuro relevo de Janine Otálora al frente del Tribunal Electoral, quedó esta semana el llamado a los jueces del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

A diferencia de la tradición de sus antecesores que hicieron de la ceremonia del 5 de febrero una plataforma para recordar que la tarea de la Corte es garantizar que los actos de gobierno sean en apego a la Constitución, Zaldívar nada dijo de las controversias que Banxico, INE, Cofece, IFT, CNDH y senadores han presentado por el presupuesto y la ley de remuneraciones.

Ni una referencia a las impugnaciones de los legisladores por los súper delegados.

“Debemos tener la humildad y la sensibilidad de escuchar y atender el clamor social que demanda poner fin a las desigualdades que tanto lastiman a nuestro país”, planteó el presidente de la Corte.

Nadie puede cuestionar el fondo ético de esta convocatoria a los jueces. Lo que llama la atención de esa retórica es que se da en el marco de un realineamiento político.

Tampoco es casual que el presidente López Obrador haya incorporado en su discurso sobre la corrupción el ejemplo de los 35 mil millones de pesos que, reseña, se ahorró el gobierno porque la Corte les negó a exsocios del Grupo Modelo una devolución fiscal.

“No se las iba yo a dejar pasar”, comentó, ayer, en Guerrero el mandatario, en referencia a la decisión de los ministros de evitar ese atraco empresarial.

Podría decirse que otro es el cantar en el caso del Poder Legislativo, donde diputados y senadores de la oposición convencieron esta semana a los representantes de Morena de la necesidad de pedirle al gobierno que rectificara en el asunto de las estancias infantiles.

A pesar de que los exhortos de ambas cámaras sumaron el voto de todas las bancadas, el mandatario no se movió un ápice en su plan de desmontar y descalificar ese programa creado en el sexenio de Felipe Calderón.

El esquinazo de López Obrador al Congreso ocurre en una semana en la que el jefe de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, hizo acopio de oficio político, cabildeando los votos opositores que se requieren para aprobar la Guardia Nacional y el marco legal para la presencia de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad.

Pero esa preocupación legislativa poco parece ocuparle al Presidente, quien confía en que la presión de la opinión pública será suficiente para concretar esas reformas.

Es un método que hasta ahora le ha funcionado. Así metió al redil de la austeridad a los ministros y rectores. A golpe de declaraciones que prendieron entre su base de apoyo hasta convertirse en campañas de memes, caricaturas, hashtag y uno que otro improperio.

Basta seguir en YouTube las transmisiones del Senado, para observar cómo la audiencia le reclama a los legisladores de oposición que aprueben ya la Guardia Nacional.

El único reducto que todavía no cedió a esa presión es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, a pesar de los señalamientos cotidianos del Presidente, sigue con el bloqueo de las vías férreas en Michoacán.

Dos semanas después de haber emprendido esa presión social, López Obrador subió el tono contra sus aliados de otro tiempo,  promotores y beneficiaros de la derogación de la Reforma Educativa.

Los llamó rebeldes sin causa, conservadores, intransigentes y se quejó de ellos ante la CNDH.

“Son momentos de definiciones y fuera máscaras”, les dijo el Presidente a los radicales de la CNTE.

En 2013, el ombudsman nacional, Raúl Placencia, pidió al gobierno de Miguel Mancera actuar contra los bloqueos de la CNTE en la CDMX. El jefe de gobierno capitalino se negó. El entonces precandidato López Obrador lo felicitó.

En 2006, el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, pidió a Alejandro Encinas, a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que desalojara el plantón en Reforma. Los obradoristas nunca perdonaron aquella recomendación del ahora senador independiente.

La CNDH, de Luis Raúl González Pérez, contestó anoche que su tarea es la de investigar actos y omisiones de autoridades que violentan los derechos humanos y que es tarea de éstas castigar las conductas ilícitas.

En pocas palabras, el ombudsman le respondió al Presidente que es la hora de actuar, con la ley en la mano, contra los actos delictivos.

Sea por la vía de la descalificación mediática o por la vía policial michoacana, parecen estar contadas las horas de la CNTE que toma carreteras, levanta barricadas, descarrila ciclos escolares y después se victimiza.

López Obrador tiene en sus manos una oportunidad de oro: terminar con el vandalismo en nombre de las causas sociales y revolucionarias.

Y confirmar que para que la acuña apriete… ¡Fuera máscaras!