Agenda 19-S y la disputa presidencial

Las afectaciones del terremoto del 19-S  trastocaron la agenda de 2018, orillando a los partidos a competir por la bandera de la austeridad y la cercanía ciudadana.

El impacto de la tragedia acentuó dos temas que ya marcaban la disputa presidencial: el despilfarro y la corrupción.

A la visibilidad de ambos lastres contribuye el hecho de que la CDMX ha sido el escenario del colapso: 217 capitalinos fallecidos y 500 inmuebles bajo el código rojo, es decir, destinados a la demolición.

Así, a la reconstrucción que viene se suman los estragos del desorden en el uso del suelo capitalino, imponiendo a los protagonistas de 2018 nuevas aduanas.

Miguel Mancera se vio obligado a posponer su salida del gobierno local. 

Pero más allá de los tiempos, ahora tendrá que someter sus aspiraciones al escrutinio de lo que haga o deje de hacer frente al derrumbe y sus víctimas.

Mientras la ruta penal que tomó la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en el caso del Colegio Enrique Rébsamen, confirma la inevitabilidad de la agenda del 19-S en la carrera electoral. 

Presionada por la crítica a las presuntas  irregularidades en las obras del plantel, la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la CDMX endureció su postura.

La denuncia de Sheinbaum en la Procuraduría capitalina rompe con la complicidad que las fuerzas políticas han guardado en materia de construcciones. Y podría afectar a exfuncionarios del PRD ya en las filas de Morena.

De ese tamaño es la sacudida política que colocó en el centro del debate mediático la idea de que los partidos deben renunciar al dinero público para canalizarlo a la reconstrucción.

Es innegable que el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, supo capitalizar esta coyuntura al anunciarle al INE la devolución de prerrogativas, presentar iniciativas para eliminar el financiamiento de los partidos y reducir a los legisladores plurinominales. 

La audacia priista ha puesto en aprietos a la oposición, porque ni siquiera los panistas que alguna vez vivieron de sorteos y cuotas de sus militantes, podrían darse el lujo de renunciar al recurso público.

Orillados a diseñar alternativas de austeridad, fondos y fideicomisos, los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Ciudadano por México —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— se defienden con el argumento de que también el gobierno debe ajustarse el cinturón.

La coyuntura telúrica ha hecho coincidir a AMLO con Ricardo Anaya, dirigente del PAN, en el reclamo de delimitar la publicidad gubernamental y crear una administración autónoma del presupuesto para la reconstrucción.

De manera que el éxito mediático del PRI en el manejo del tema podría diluirse en las próximas seis semanas, cuando se desahogue la aprobación de las leyes de ingresos y egresos para 2018.

O por el contrario, el gobierno podría estar en condiciones de prescindir de un acuerdo con la oposición y sacar adelante su proyecto de presupuesto con PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES.

Ese escenario estaría condicionado al cumplimiento del pronóstico esperado por Los Pinos —¿ilusión o cálculo?— de que el desempeño del presidente Enrique Peña será bien calificado por la opinión pública, elevando su popularidad.

En cualquier sentido, la Cámara de Diputados tendrá, a partir del lunes y hasta el 15 de noviembre, un protagonismo que pondrá a prueba a varios de los presidenciales, empezando por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, responsable de la negociación presupuestal.

Este proceso será la primera prueba de fuego de Anaya y los presidentes del PRD, Alejandra Barrales, y de MC, Dante Delgado, quienes dicen contar con un plan común para la reconstrucción y el ajuste presupuestal de 2018.

Sin embargo, este martes, cuando los tres dirigentes declararon que el Frente Ciudadano por México aceptaba devolver las prerrogativas partidistas al INE, hubo diputados del PRD que se inconformaron con su dirigencia por caer, dijeron, en la trampa priista de ir a la contienda sin dinero.

De ahí que no es descabellado advertir de un probable naufragio del bloque opositor cuando el secretario Meade active las negociaciones del presupuesto con los gobernadores del PAN y del PRD, agrietando así la fuerza estratégica de sus dirigencias.

Consecuentemente, ese proceso legislativo marcará la suerte de las aspiraciones presidenciales de Mancera y Anaya, dos impulsores clave del Frente.

Apenas este jueves, en la Comisión Permanente del PAN, Felipe Calderón advertía del fracaso de los frentistas al plantear una elección abierta del abanderado presidencial panista, como una forma, dijo, de acercarse a los ciudadanos.

Desoída por sus compañeros, la viabilidad de la propuesta del expresidente y su beneficiaria natural, la precandidata Margarita Zavala, está sujeta a lo que ocurra en el Congreso en el próximo mes y medio.  Al igual que Calderón, López Obrador espera que la carrera presidencial se decante a su favor en lo que resta de 2017, al conservar como exclusiva la bandera de la austeridad.

Es demasiado pronto para perfilar ganadores y perdedores. Y suena a soberbia terca augurar desenlaces, justo después de que el imprevisible 19-S cimbró el tablero de la competencia.