Por Maira Melisa Guerra Pulido
Por décadas se han repetido ideas que buscan impedir la participación política de las mujeres. Se ha dicho que “no están preparadas para votar”, “que su papel es cuidar a la familia y el hogar”, que “no les interesa la política” o que “no saben de política”. Pero basta con mirar el camino recorrido para entender que los derechos de las mujeres nunca fueron una concesión, mucho menos los derechos político-electorales.
Existen registros de que, al menos, desde 1824 había interés de las mexicanas por ser reconocidas como ciudadanas, y mujeres zacatecanas enviaron cartas al gobernador haciendo esa petición, la cual fue considerada como inapropiada. Pese a esa negativa, la lucha de las mexicanas continuó y en 1916 se celebró el Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, un espacio que impulsó la discusión sobre la desigualdad en los ámbitos educativo, profesional y laboral y, aunque el sufragio femenino no fue el tema central, sí hubo mujeres que lo defendieron y que lucharon por su reconocimiento, que no llegó sino hasta 1953.
Aunque es verdad que la Constitución promulgada en 1917 nunca prohibió expresamente que las mujeres votaran o fueran electas, el hecho de que sólo estableciera las prerrogativas del ciudadano, terminó utilizándose como argumento para negar ese derecho a las mujeres.
Este contexto histórico plantea una pregunta ineludible: ¿alguien que no tiene interés en la política dedicaría décadas a luchar por el derecho de participar en ella? Más aún: si a las mujeres no les interesara la vida pública ¿seguirían enfrentando violencia política, estereotipos y condiciones desiguales para contender y, en su caso, ejercer un cargo público?
La evidencia histórica prueba el interés de las mujeres en la vida política, y los datos actuales corroboran este hecho. De acuerdo con información del INE, en 2024 la participación ciudadana nacional fue, en promedio, de 59.8% respecto de la Lista Nominal. Al desagregarla por sexo, el contraste es evidente: votó 64.3% de mujeres con derecho a votar, frente a 54.8% de hombres que podían ejercer este derecho, cerca de 10 puntos porcentuales de diferencia.
La Ciudad de México tuvo un panorama similar. Considerando los datos de la Lista Nominal, la participación ciudadana alcanzó 69.3%, donde 73.3% de las mujeres con derecho a voto lo ejerció y sólo 64.9% de los hombres lo hizo.
Estos datos reflejan que las mujeres participan, deciden e inciden cada vez más en la vida democrática del país, incluso más que los hombres. Lo hicieron cuando exigieron ser reconocidas como ciudadanas; cuando conquistaron el derecho al voto, y lo siguen haciendo cada vez que acuden a las urnas; cuando deciden competir por un cargo de elección popular, y cuando defienden las causas que les son propias.
Pero, parafraseando a Simone de Beauvoir, debemos saber que los derechos de las mujeres nunca se dan por adquiridos y siempre debemos permanecer vigilantes de ellos porque en cualquier momento pueden ser cuestionados. Un claro ejemplo de que los derechos de las mujeres constantemente se encuentran en riesgo es lo que se vive ahora con el movimiento denominado tradwife que no sólo enaltece el estereotipo de las mujeres como las encargadas del hogar, sino que también da pie a ideas como el voto familiar, que en resumidas cuentas separa a las mujeres, una vez más, del ejercicio directo de sus derechos político-electorales.
Es momento de dejar de preguntarnos si a las mujeres nos interesa la política. La historia ya respondió esa interrogante. Lo que ahora debe ocuparnos es vigilar que los ideales regresivos de un sector social no mermen los derechos que hasta ahora hemos conquistado.