La indiferencia institucional

Por Carla Erika Ureña

Vivir un divorcio es complejo y doloroso. A veces es una experiencia traumática que dependiendo de las circunstancias, atraviesa desde el duelo por la pérdida, hasta un largo proceso de aceptación, autocompasión y reivindicación propia cuando ha habido violencia, sea sexual, física, sicológica, patrimonial o económica; en la mayoría de los casos, incluso antes que la sanación de lo que queda del núcleo familiar, está la supervivencia.

Hace cuatro años promoví el divorcio incausado, terminó con un convenio ratificado ante un juez que no se cumplió; pero a veces, lo urgente es salir del lugar donde enfermaste hacia donde sanar, sin importar más. No fui la excepción.

Cuando entra el piloto automático, las mujeres nos ponemos en el último lugar de las prioridades; más, cuando entra el método del control económico a través de la carencia impuesta, algo muy recurrido en el sistema patriarcal en México, hasta que un día respiras sin dolor y no dudas de tu percepción ni cuestionas la realidad cada día.

Llegó la pandemia, el encierro y las heridas abiertas. Acudí a un centro de atención gratuita para mujeres violentadas. Tras un año de terapia, me reconocí de nuevo. Parte de la sanación es asistir a otras mujeres de forma gratuita. Lo hice con asesoría jurídica, civil y familiar.

Y supe entonces de varias historias de indiferencia institucional y revictimización a través de actuaciones judiciales carentes de perspectiva de género, donde el interés superior del menor tampoco era prioridad. Un sistema judicial de naturaleza especial, como la familiar, que poco tenía de protector de los vulnerables y sí mucho de intransigencia y otra forma de violencia sistémica: la institucional.

Hasta entonces, mi experiencia tenía el halo del confort de la distancia profesional, que omite parte del panorama. Busqué a una abogada mujer, joven, con perspectiva nueva. Mi abogada lo es, con profunda convicción institucional; bajo su patrocinio, en octubre inicié un procedimiento incidental de pago de alimentos en ejecución de sentencia. Ambas hemos atestiguado el desaseo, la dilación injustificada y la falta de observancia del procedimiento por parte del personal actuante del Juzgado Primero de lo Familiar en Texcoco, Estado de México, cuya titular es la juez Olivia Leonor Moreno Rosales y la segunda secretaria Sheila Natyelli Castellanos Arellano.

Como demandante, doy fe del calvario que muchas mujeres me narraron al acudir a tribunales a buscar la protección de la justicia: oficios que no cumplen con los requisitos formales o donde modifican, incluso, el nombre del demandado; correos electrónicos que no se envían, búsquedas que no se ordenan, notificaciones retrasadas injustificadamente, y la suspensión indefinida del procedimiento por la aceptación de justificantes que carecen de todo requisito de validez legal, dejándome en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, sin que las autoridades fundaran ni motivaran debidamente estas actuaciones.

La juez, inclusive, rechazó la solicitud de aclaración del acuerdo suspensorio y el posterior recurso de revocación presentado, manifestando que no se hicieron valer los argumentos vertidos en ambos escritos en una audiencia incidental que jamás se llevó a cabo.

Hoy, mi fe en la ley permanece inquebrantable, pero sin un sistema de justicia que la aplique y haga valer como es debido, la ley es poco más que letra muerta. Desde mi experiencia, sólo me queda pedir a quienes sea posible que no claudiquen, hasta por aquellas mujeres que se rinden, pues cada pasaje y vuelta al tribunal es un alimento menos para sus hijos. Y les ofrezco mi voz en este espacio, protegiendo su identidad y tratando los datos con el debido cuidado, para que seamos visibles el 8 de marzo y los otros 364 días del año. Que la violencia sistémica en todos los espacios, incluso en el Poder Judicial, no nos siga acorralando, invisibilizando o ignorando.

Twitter: @CarlaEUrenaA