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Valiente propuesta, general

Humberto Musacchio

Humberto Musacchio

La República de las letras

Las palabras del general Cienfuegos cobran una importancia especial porque es él quien está al frente de la lucha contra el narcotráfico y sabe lo que ese combate le cuesta al país, especialmente a las Fuerzas Armadas, en vidas, equipo y presupuesto, además de que pone a nuestros soldados en contacto con un ámbito donde florecen las fortunas fáciles y muchas son las tentaciones, como bien lo saben los policías corruptos.

En buena hora las palabras del general secretario despertaron un debate que esperamos contribuya a la pacificación nacional. Por lo pronto, Morena, el PAN, el PRD y el PT se manifestaron a favor de la despenalización. El PRI, incluso, presentó ya una iniciativa con el mismo propósito y todo indica que la presente Legislatura se abocará a realizar las necesarísimas reformas a diversos ordenamientos que terminen o contribuyan a clausurar el baño de sangre que padece el país.

Por supuesto, la legalización de los opiáceos, la mariguana o cualesquiera otras drogas deberá ir acompañada de un muy precisa reglamentación y de un finísimo trabajo político para desactivar a los grupos violentos, a los que algo se deberá ofrecer a cambio del mercado que –esperamos—perderán.

No sobra insistir en la estrategia que siguió Franklin D. Roosevelt en 1933, cuando estaba a punto de asumir la Presidencia de Estados Unidos y mandó agentes confidenciales a pactar con las bandas para que abandonaran la delincuencia e invirtieran sus fortunas en Las Vegas, lo que convirtió al entonces insignificante poblado en el emporio de la ludopatía, creó una enorme cantidad de empleos y los capos y sus pistoleros, con todo y sus familias, pudieron llevar una vida relativamente  tranquila.

Pacificar implica la necesidad de dictar una amnistía, a lo que explicablemente se oponen quienes han sufrido los estragos del crimen. Pero, sin menospreciar el dolor de esas familias, tendrá que imponerse el interés general de la nación y la decisión de nuestros hombres de Estado para que dejemos atrás la orgía de crímenes y sufrimientos, lo mismo que la corrupción de políticos y policías ligados al narco.

Un país de pobres no puede darse el lujo de seguir gastando inmensas fortunas en una confrontación en la que es y será el perdedor. La despenalización y comercialización reglamentada, como en Uruguay o Estados Unidos, permitiría la pacificación, pero también un aumento considerable en la recaudación de impuestos.

Al suprimir la prohibición total, México se ahorrará lo que hoy gasta en una maquinaria de muerte y podrá ofrecer asistencia médica a quienes quieran dejar el consumo, como sucede en Holanda, donde los adictos a las drogas duras pueden escoger entre la ayuda médica o continuar con el consumo de enervantes, para lo cual, el Estado les lleva hasta su casa la dosis y jeringas nuevas, lo que ha terminado con el mercado ilegal y abatió la mortalidad por padecimientos infecciosos o contagiosos.

Contra la idea de que la despenalización significaría convertir a todo mundo en drogadicto o que se pondrían las drogas al alcance de los niños, cabe citar nuevamente la experiencia holandesa, pues inmediatamente después de la legalización aumentó el número de adictos, pero al paso de las semanas y los meses el porcentaje de consumidores volvió a las cifras de la prohibición. Algunos especialistas afirman que no todas las personas se enganchan en el consumo, aunque prueben sustancias adictivas y que, por otra parte, todos los seres humanos somos adictos a una u otra sustancia, pero no todos somos adictos a todas las sustancias nocivas. Por lo demás, la prohibición nunca ha impedido el consumo. Por el contrario, es demostrable que contribuye a su aumento.

En lo que se refiere a los menores de edad, una verdad rotunda es que la prohibición es precisamente la que crea adictos en la infancia, porque eso es parte del negocio. Una legalización reglamentada prohibiría la venta a menores, como sucede ahora con las bebidas alcohólicas o el tabaco. Por supuesto, hay niños que beben o fuman, pero en ese caso el Estado no es cómplice. Con la prohibición, sí.

 

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