Los retos para Clara Brugada

A menos de medio año para el Mundial de Futbol, crecen los retos que afronta Clara Brugada para que la capital del país pueda ser una ciudad grata y funcional, no sólo a los millones de visitantes que se esperan, sino también para la población residente.

La lista de pendientes crece mientras que los recursos se van a obras que muy bien pueden esperar a que pase la fiesta futbolera, como es el caso de las llamadas “utopías”, el segundo piso del Metro en San Antonio Abad, la absurda ciclopista que le quita un carril a la Calzada de Tlalpan y otras ocurrencias.

Pese al optimismo de don Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, un problema central es la delincuencia. Hay unos cuantos policías para una población que rebasa los nueve millones de habitantes y que se multiplica diariamente, porque en la zona conurbada viven más de 22 millones de seres humanos, muchos de los cuales trabajan, estudian o realizan alguna actividad en la capital del país. El contingente policial no es suficiente hoy ni lo será cuando arriben los visitantes.

Peor estamos en lo referente al movimiento de vehículos, tortuoso en las mañanas, pero casi imposible en las tardes, cuando las avenidas más importantes y las llamadas “vías rápidas” (Tlalpan, Periférico, Circuito Interior, ejes viales) son enormes estacionamientos donde los traslados pueden ser cuestión de dos horas o más.

Contribuyen al desorden los baches que aparecen en las calles de toda la ciudad y representan una amenaza para la seguridad de automovilistas y peatones. Lo usual es que los hoyancos se tapen con grava mezclada con chapopote, lo que tiene utilidad algunos días hasta que la presunta solución crea nuevos problemas. El gobierno capitalino ofrece pagar por los daños que causan tales agujeros, pero el ciudadano, para hacer efectivo el cobro, debe presentar documentos de prueba (fotos, testimonios y otras cosas) difíciles de aportar.

Al caos urbano contribuyen los bloqueos, marchas y otras formas de protesta que afectan el tránsito de vehículos. Se estima que, al año, se realizan más de tres mil manifestaciones, las que, obviamente, resultan molestas para los ciudadanos e impiden el paso a vehículos de emergencia. En la mayoría de los casos, tales hechos son resultado de la incapacidad de unas u otras autoridades para resolver los problemas, o bien, son las mismas autoridades las que dan motivo para la protesta. La libertad para manifestarse es un derecho constitucional, pero valdría la pena reglamentarlo.

Atentan contra los atractivos de la ciudad los cables aéreos de luz, teléfono, internet y televisión. Si Marcelo Ebrard pudo soterrar los cables en el Centro Histórico para embellecer esa zona, debemos suponer que se puede hacer lo mismo en otras áreas donde las telarañas dominan la vista e incluso representan un peligro, pues se han dado casos en que el peso de unos hilos ocasiona el desprendimiento de otros y hasta la caída de postes. Pero nada de eso parece preocupar a las autoridades.

En el catálogo de horrores en que está convertida la capital, destacan por su desaseo, pestilencia y agresión visual los carros de basura, generalmente sucios y usados por la mafia del ramo para procesar los desperdicios in situ, en el lugar mismo donde se recogen. Ahí se procede a separar papel, cartón, metales, botellas y todo aquello susceptible de comercializarse.

En ocasiones, el procedimiento puede tardar hasta una hora, lo que constituye una agresión a los transeúntes por el descuido con que se tratan las materias más asquerosas. Igualmente, un carro de basura estacionado en doble fila es un problema para la circulación de vehículos, y eso lo vemos incluso en vías primarias.

Se trata, pues, de un espectáculo deprimente que daña la imagen de la ciudad y sus habitantes. Es también un peligro para la salud de los trabajadores del gremio, que laboran sin protección alguna, pero, sobre todo, constituye un negociazo para los líderes del gremio y los funcionarios que se hacen de la vista gorda ante el asunto.

Sería bueno saber qué opinan del cochinero la Secretaría del Medio Ambiente, la de Obras y Servicios, la de Salud Pública y la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México. Pero, ¿conocerán el problema?