El INE estorba a Morena

Es inocultable la embestida del actual gobierno federal contra el INE, como lo es el retorno a las más detestables fórmulas priistas para asegurarse los triunfos electorales. En esa lamentable cruzada se advierte el propósito de controlar al árbitro de los comicios, no para garantizar el respeto al voto, sino para volver a la simulación y las engañifas que permitieron los abusos del viejo régimen en favor del partido tricolor.

La propuesta del Ejecutivo es suprimir el INE y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería el organismo único para organizar y realizar comicios; reducir el número de consejeros electorales de 11 a siete, los que serán elegidos por votación popular a propuesta de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte; los consejeros ocuparían sus cargos durante seis años y el que obtenga más votos encabezará el instituto.

Como es obvio, dejar a los tres Poderes de la Unión la propuesta de candidatos implica cerrarse a la participación de partidos, organizaciones sociales e instituciones calificadas para el caso como son, por ejemplo, las universidades. Peor todavía es que una elección universal —con participación abierta a todos los ciudadanos— garantizaría o, por lo menos, daría una enorme ventaja al partido en el poder, que cuenta con más votantes.

La iniciativa propone bajar de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 el de senadores, lo que parece sensato, pues es ínfimo el número de los que proponen, organizan y suben a tribuna. Lo que resulta peligroso es que se promueva la desaparición de los diputados plurinominales, pues la existencia de éstos propicia que el número de legisladores sea más o menos proporcional a la cantidad de votos recibidos por cada partido, además de que los pluris son, generalmente, líderes de sus organizaciones y llevan con mayor conocimiento la voz de su organización, aunque el caso de los cochupos entre Alito y el oficialismo parece desmentir lo anterior.

Es también muy grave suprimir los plurinominales, pues la medida daría una sobrerrepresentación al partido mayoritario, muy por encima del porcentaje de votos obtenido. Pero ése es el sello de la iniciativa: garantizar el predominio de Morena.

Otro aspecto que encierra grandes riesgos es disminuir las prerrogativas de los partidos, pues no hay que olvidar que su existencia se debe a la disparidad económica que hay entre las organizaciones. La ley ordena otorgar a cada formación política un cierto monto igual al de los demás y agrega otra suma de acuerdo con el porcentaje de votos recibidos. No es la fórmula perfecta, pero resultaría aceptable si se hubieran prohibido los aportes de particulares, que son causa de un desbalance que ha encumbrado a plutócratas, representantes de sectores de la clase social más pudiente y, en el peor pero muy común de los casos, a candidatos auspiciados por los dineros del narco. Por eso, en vez de restar a los partidos el apoyo público, lo que procedería, en beneficio de la democracia, sería prohibir terminantemente el aporte de particulares.

Se busca, dicen, hacer menos onerosa nuestra democracia, para lo cual se propone suprimir los tribunales electorales de los estados para que todo lo concentre el federal. Igualmente, aunque hasta ahora no está claro, se habla de reducir el estipendio de los consejeros electorales, olvidando, quizá, que los buenos sueldos se establecieron para coadyuvar a un proceder honrado de los funcionarios, e incluso se propuso inicialmente que los sueldos de los consejeros fueran iguales a los que reciben los ministros de la Suprema Corte. En fin, que lo mejor sería discutir todo aquello que atente contra la democracia. Pero el intercambio de ideas no está en la naturaleza del gobierno de Morena, como ya lo vimos en la reciente reforma al ámbito militar.