Camionetas blindadas que terminan devueltas. Togas compradas en plena temporada de austeridad. Un retrato que aparece como contratación y luego se aclara que no se formalizó ni se pagó. Tabuladores y sueldos que, por momentos, parecen desaparecer del escaparate público. Una ceremonia de bastón de mando cuyo simbolismo compite con su factura. Y, para rematar, una Presidencia que arranca con más de 100 asesores y promete recortes.
Leído en fila, cansa. Y ahí está el punto: no es un episodio; es una secuencia. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo está decidiendo casos: está aprendiendo que, en el nuevo Poder Judicial, la comunicación dejó de ser un trámite y se volvió parte del mandato.
Ese mandato es doble. Primero, el obvio: impartir justicia con independencia. Segundo, el que hoy sostiene la legitimidad: demostrar, con hechos cotidianos, que la Corte puede ser austera y transparente sin volverse un actor de espectáculo. Cuando el tribunal se equivoca en lo simbólico (gasto, opacidad, formas), la conversación pública se le va a lo accesorio y se lleva de paso lo esencial: confianza.
La paradoja es que varios de estos problemas no nacen de decisiones escandalosas, sino de decisiones mal explicadas. Un portal puede tener la información; si el ciudadano promedio necesita brújula para hallarla, el efecto es el mismo que si no existiera. Una compra puede ser necesaria; si aparece primero como nota y luego como aclaración, la institución se instala en modo “persecución”: persigue su propia narrativa, siempre tarde.
Y confianza no es una palabra cursi. Es un insumo económico. En México, la incertidumbre jurídica se discute en comités de inversión por una razón simple: si las reglas parecen movedizas, se encarece el crédito, se posponen proyectos y se premia la cautela. La economía no sólo mide tasas; también mide señales.
La reforma judicial elevó el escrutinio sobre la Corte. Eso no es una tragedia: es la nueva normalidad. La tragedia sería enfrentarla con reflejos viejos: explicar después, corregir a medias, pedir que se entienda el contexto. En el nuevo ecosistema, el contexto no se pide: se publica.
La Corte tiene salida —y no pasa por conferencias improvisadas—, sino por un posicionamiento verificable: “cero privilegios, transparencia en el ejercicio de recursos públicos, sentencias claras y ágiles, certeza jurídica”. Cuatro promesas, cuatro tableros públicos que cualquiera pueda consultar sin maestría en navegación web: sueldos, contratos y compras en formatos simples, con un calendario de actualización y un responsable identificable. Y una regla práctica para gastos simbólicos: si puede percibirse como privilegio, no se autoriza; si es indispensable, se explica antes de que lo expliquen otros.
La solución no es refugiarse en el expediente. Es ordenar la casa. Si la Corte presume austeridad, cada decisión administrativa debe pasar por un filtro previo: necesidad, costo, alternativa más sobria y riesgo reputacional. Lo más importante es la disciplina operativa: un manual de crisis que active en 24 horas una secuencia simple y repetible.
Primero, reconocer el hecho sin rodeos y con datos verificables. Segundo, mostrar empatía con la preocupación pública (sin dramatizar). Tercero, explicar el porqué de la decisión en una frase comprensible.
Cuarto, corregir con un remedio medible: qué cambia, desde cuándo y cómo se verificará. Y quinto, establecer una regla o criterio nuevo para evitar que la crisis se repita. Hoy la Corte responde caso por caso; lo que necesita es una estrategia de comunicación que haga predecible la respuesta y, con ello, recupere control de su propia narrativa.
La SCJN no necesita gustar: necesita ser congruente, entendible, predecible y hasta aburrida. En un país donde la duda se volvió hábito, esa consistencia es su mejor aporte al Estado de derecho y, de paso, a la inversión y al crecimiento.