México enfrenta un problema serio. Hay regiones parcialmente capturadas por economías criminales, policías infiltradas, gobiernos locales condicionados. Negarlo sería ingenuo. Pero reconocerlo no obliga a aceptar la conclusión que Washington quiere imponer: que el país entero es un “narcoestado”. En esa distancia se construye, ladrillo por ladrillo, una arquitectura de intervención continental.
El 4 de febrero pasado, en la mañanera, el corresponsal de la BBC preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si le parecía respetuoso que Donald Trump dijera —cuarta vez en seis meses— que ella no gobernaba México, sino los cárteles. La respuesta fue breve: “Es falso”. Y la acompañó del comunicado de la Casa Blanca del 1 de febrero de 2025, que afirmaba la “alianza intolerable” entre el Estado mexicano y el narcotráfico. La evidencia adjunta: una nota sobre la condena en corte federal estadunidense de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Un caso de hace 12 años.
El ensayistaOswaldo Zavala —de Ciudad Juárez, profesor en Nueva York— lo había anticipado en 2018 en Los cárteles no existen: la narrativa del narco es, en buena medida, una construcción de los gobiernos de México y Estados Unidos, repetida por medios, narconovelas, películas y corridos. La palabra “narco” es el ladrillo. Cada uso a la ligera añade uno al muro.
Cuatro documentos firmados por la Casa Blanca en quince meses lo confirman. Aquel comunicado acuñó la frase fundacional. La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025 declaró al hemisferio zona de seguridad estadunidense bajo el “corolario Trump a la Doctrina Monroe” —“Donroe”, la bautizó el propio presidente— y autorizó “el uso de fuerza letal” contra los cárteles. El 4 de mayo, la Estrategia Antinarcóticos declaró el fin de “la era de la contención pasiva”. Dos días después, la Antiterrorismo colocó a los cárteles del hemisferio, por primera vez desde 2001, como la amenaza número uno. Y no es papel: Estados Unidos creó el Western Hemisphere Command —mando militar continental— y hundió más de dos decenas de embarcaciones en el Caribe. Cuatro ladrillos, un muro. Lo que Zavala vio, Trump formaliza.
Aquí, en cambio, el prefijo se volvió comodín: narcocapillas, narcocorridos, narcotrocas, narcopolíticos, narcocandidatos, narcoestado. Cada uso amplía la categoría hasta volver narco a todo, en titulares y sobremesas. Pero el restaurante familiar de Matamoros que paga cuota cada mes, o el hotelito de Acapulco, que perdió la temporada porque sus huéspedes leen “narcoestado” en titulares, no necesitan la Doctrina Donroe. Necesitan que alguien los defienda.
Que algunos municipios estén capturados no significa que el Estado mexicano lo esté. Denunciar un caso es exigir sanciones, legalidad y justicia. Calificar al país entero como ‘narcoestado’ es franquicia retórica que sirve al arquitecto del muro. Por eso la presidenta evita la palabra incluso cuando le rendiría políticamente.
Y conste: no se trata de tapar nada. García Luna está condenado. Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, enfrenta denuncias serias. La Operación Enjambre ya detuvo a 60 funcionarios en este sexenio. La captura de poderes locales existe y debe perseguirse, con o sin presión externa. Defender la soberanía no es defender al cómplice: es exigir que sea la justicia mexicana —no una corte de Brooklyn, no una doctrina de Mar-a-Lago— la que juzgue y castigue.
El momento exige disciplina léxica. Llamar homicidio al homicidio, extorsión a la extorsión, secuestro al secuestro. Reservar “narco” para lo que en efecto trafica con drogas. No pegar el prefijo a cualquier sustantivo porque vende.
Cada “narcoestado” repetido es otro ladrillo. No en el muro de acero que Trump prometió: en el de palabras, el que nos convierte en amplificadores de su propaganda. Los planos están en whitehouse.gov. Conviene leerlos antes de seguir construyéndolo.