Una tragedia más (II)

Ha pasado más de un mes desde la tragedia sucedida en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y además, salieron lesionados un número indeterminado de migrantes. Todos ellos, hombres bajo la custodia de personal del Instituto Nacional de Migración.

El hecho fue comentado brevemente por el presidente López Obrador quien lo lamentó e informó que la Fiscalía General  de la República (FGR) inició la investigación correspondiente; ante las críticas por mantener al comisionado Garduño en su puesto, repitió lo que ha dicho innumerables ocasiones: que en su gobierno no se encubre a nadie “porque no somos corruptos como los de antes”.

Por lo pronto, se despidieron algunos agentes y el responsable de la “estación migratoria”. Defendió a Garduño por ser “un hombre bueno, que ha trabajado conmigo antes. Hay que esperar al resultado de la investigación”. Veremos si la FGR cumple a cabalidad con su responsabilidad de manera objetiva y apegada a las leyes correspondientes. La experiencia indica que sería notable si dicha tarea concluye que Garduño es responsable de los fallecimientos o se encubre como un crimen menor.

Lo que parece muy difícil de explicar es que el multicitado Garduño siga en el mismo puesto. Más allá de formalidades legales y de la protección política que goza, cabe preguntar: ¿Y la dignidad, comisionado?, ¿qué siente al saber que sus subordinados no supieron reaccionar para prevenir estas muertes? ¿Qué capacitación tienen los agentes del instituto a su cargo? ¿Hay protocolos para reaccionar a tiempo y de manera eficiente?

Lamentablemente lo sucedido en Ciudad Juárez no es la primera ocasión ni será la última. Hay múltiples casos similares. En lo personal, pude constatar hace más de 20 años las enormes limitaciones materiales, la improvisación de los agentes migratorios, la corrupción rampante (sugerí pasar por el polígrafo a todos los funcionarios y agentes del INM para identificar aquellos que habían violado la ley, ya fuera por solicitar dinero tanto a los migrantes en tránsito como a los que ya estaban bajo su control. Los resultados fueron abrumadores: ¡más de 80% no pasaron los exámenes!

Al intentar despedirlos, encontramos a la resistencia del sindicato del INM que amenazó con un paro general y de acciones orientadas a generar molestia a los extranjeros o mexicanos que llegaban a los aeropuertos internacionales del país. Una noche, destruyeron las computadoras en las que se registran las llegadas internacionales, creando un caos en el AICM…

En suma, no deja de ser frustrante presenciar que, en más de dos décadas no se ha hecho nada por reconocer que el instituto tiene una gran responsabilidad en sus tareas, que sí es un cuerpo de seguridad nacional, que todos los días sus trabajadores y directivos deciden el destino de decenas de miles de migrantes que buscan una vida mejor.

El caso de Ciudad Juárez es el símbolo perfecto de la desidia, la corrupción, la demagogia y la frivolidad. Por eso es posible que se designe como responsable una persona que en el pasado estuvo a cargo de las cárceles de la Ciudad de México. Ese mero hecho dice mucho de cómo el actual gobierno concibe la función del INM. En la experiencia mundial, en la academia y en el mundo de la sociedad civil, hace muchos años que se cambió la visión de cómo administrar las migraciones internacionales como un complejo fenómeno social. Sólo los grupos más reaccionarios en Estados Unidos y Europa tienen una visión basada en el prejuicio racial y social.

Hay que felicitarnos que uno de los investigadores más respetados de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Rolando Cordera haya incorporado en su Observatorio Cotidiano el estudio y discusión de este tema bajo una pregunta clave: ¿qué hacer frente a la crisis migratoria? En estos tiempos preelectorales, es necesario impulsar el debate sobre este tema para que el nuevo gobierno adopte una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos y no con la represión carcelaria.